Seguridad
Exhortan a Puebla y 4 estados más a suprimir la prisión vitalicia
Atenta contra el derecho a la reinserción social y agrava sobrepoblación penitenciaria, señala el Partido del Trabajo en el Senado de la Rerpública
La privación de la libertad de manera vitalicia niega de facto toda posibilidad de reinserción social del individuo, y ni la alarmante inseguridad que aqueja al país debe ser argumento para contraponerse a ese derecho humano.
Así lo advirtió el senador del Partido del Trabajo, David Monreal Ávila, quien hizo un llamado a los congresos locales de las entidades federativas que contemplan en sus leyes la sentencia de prisión vitalicia, entre ellas el estado de Puebla, para que deroguen ese tipo de castigo.
El legislador recordó que hay casos en los que, incluso se dictan sentencias que sobrepasan las expectativas de vida de los sentenciados, equiparándose prácticamente a una cadena perpetua.
“Lo anterior tiene efectos contraproducentes, pues implica que permanezcan en el centro de reclusión toda su vida y con un nulo interés por alcanzar la reinserción social, un fin improbable para ellos.
“Además, esta cuestión puede agravar el problema de sobrepoblación penitenciaria, el hacinamiento y otras dificultades que no han sido resueltas debidamente por las autoridades”, dijo.
Recordó que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha manifestado en contra de penas privativas de la libertad por encima de la esperanza de vida de las personas, y pugna porque se retome el criterio del tope máximo de penalidad para todos los delitos y se elimine el criterio de compurgación sucesiva de penas dictadas en diferentes causas penales.
Por ello, el legislador David Monreal presentó un punto de acuerdo para solicitar que el Senado de la República exhorte a los Congresos locales de Puebla, Chihuahua, Estado de México, Quintana Roo y Veracruz, “para que consideren suprimir de sus ordenamientos jurídicos la prisión vitalicia a fin garantizar la reinserción social como propósito constitucional de la pena privativa de libertad”.
Y también para que la Cámara alta haga un llamado a los 32 Congresos locales del país para que, en caso de contemplar en sus ordenamientos locales penas de prisión de larga duración que rebasan la expectativa real de vida, analicen la viabilidad y utilidad de éstas, y en su caso realicen las modificaciones conducentes bajo el principio de racionalización de la pena y reinserción social.