Ajusta Gali ley de servidores públicos ante sistema anticorrupción

Por la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, el gobernador Antonio Gali Fayad envió una iniciativa para derogar 48 artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Los apartados que el Ejecutivo plantea suprimir consideran las obligaciones y el registro patrimonial de los servidores públicos, los procedimientos administrativos y sanciones a quienes cometen faltas.

Los cambios que Gali Fayad pide a los legisladores aprueben, se dan ante la incompatibilidad de las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, en especial con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En concreto, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, analizará y en su caso aprobará el derogar el Título Tercero en sus capítulos I de los Sujetos y Obligaciones del Servidor Públicos (artículos del 40 al 51), y II de los Procedimientos Administrativos y Sanciones (artículos 52 al 80).

Además del Título Cuarto, capítulo único del Registro Patrimonial de los Servidores Públicos (artículos 81 al 95).

Dentro de los puntos que se eliminarán destaca que entre las obligaciones de los servidores públicos está el “custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve a su cuidado o a la cual tenga acceso”.

En cuanto a las sanciones que dejarán de estar vigentes tras la modificación que hará el Congreso, se enlistan a las amonestaciones privadas y públicas, la suspensión hasta por seis meses, la destitución del empleo, cargo o comisión, sanción económica y la inhabilitación temporal hasta por 12 años.

A pesar de que la propuesta suprimirá artículos, los procesos que se inicien a servidores públicos y que generen sanciones tomarán como referencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Aunque en el Congreso existe una iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas, ésta todavía no se analiza en trabajo de comisiones y es uno de los ordenamientos legales que están pendientes del Sistema Estatal Anticorrupción.