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Seguridad
El pleno del Congreso del estado aprobó las cuentas públicas de los ediles detenidos por estar relacionados con la venta e hidrocarburo robado
Mariano Serrano y María Pineda
Pese a que la Procuraduría General del República (PGR) ha reportado movimientos financieros por el orden de los 57 millones de pesos, de presunto origen injustificado, en las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Palmar de Bravo y del ex edil Pablo Morales Ugalde, hasta el momento la Auditoría Superior del Estado (ASE ) y los diputados que integran la Comisión Inspectora en el Congreso Estatal no han encontrado una sola irregularidad en la revisión de las cuentas Públicas del edil, quien se encuentra detenido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El pleno del Congreso del Estado, conformado por 41 diputados, aprobó el 3 de noviembre del 2016 la cuenta pública del edil de Palmar de Bravo del periodo comprendido del 15 de febrero del 2014 al 31 de diciembre del 2014. Siendo en ese momento la presidenta de la Comisión Inspectora la diputada Patricia Leal Islas.
El mismo caso sucedió con el ex edil de Atzitzintla, José Isaías Velázquez Reyes, quien fue detenido acusado por la muerte de tres elementos de la policía ministerial de Puebla y por presuntos nexos con el crimen organizado relacionado con la venta de hidrocarburo robado.
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Su cuenta pública de 2014 fue aprobada por el pleno del Congreso del Estado el 25 de octubre del 2016.
Ambas cuentas públicas fueron revisadas por la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, así como por integrantes de la Auditoría Superior del Estado a cargo de David Villanueva Lomelí, quienes no encontraron nada irregular, aunque la PGR en sus investigaciones sí detectó movimientos atípicos en la revisión de las cuentas bancarias de los municipios.
Los diputados se defienden
No es por omisión o complicidad que las autoridades estatales, el Congreso y la Auditoría Superior del Estado (ASE) no detectaron los movimientos financieros por 57 millones de pesos que realizó Pablo Morales Ugalde, alcalde con licencia de Palmar de Bravo, afirmó al diputado del PRD, Ignacio Mier Bañuelos.
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El integrante de la LIX Legislatura expuso que hay una “laguna” para conocer la manera en cómo los presidentes municipales usan los recursos de los ayuntamientos, debido a que no todos cumplieron con adoptar el sistema contable, el cual entró en vigor hace tres años.
Diputados se escudan en desconocer detalles de las cuentas bancarias
En entrevista con e-consulta, Mier Bañuelos expuso que si la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo información sobre las operaciones ilegales que Morales Ugalde realizó en 2015, se debe a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuenta con el detalle de los movimientos que se hacen en el sistema bancario.
“No es una omisión, que no se da por complicidad o responsabilidad, porque no se tiene el sistema actualizado, la herramienta para detectar este tipo de movimientos ilícitos que se dieron en las cuentas del municipio, no así el SAT, con el Sistema Bancario está conectado con el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene vinculadas las cuentas y así obtener este tipo de información, es por esto que la federación a través de una investigación tuvo acceso a este tipo de movimientos financieros que se dieron a todas luces en la ilegalidad, que afectaron y atentaron en contra del patrimonio municipal de Palmar de Bravo”.
Los desvíos de recursos
Informes del Poder Judicial de la Federación revelan que Morales Ugalde realizo depósitos y retiros bancarios por 57 millones de pesos, adquirió 17 inmuebles (hoteles, terrenos y oficinas distribuidos en Puebla), los cuales compró con recursos de procedencia ilícita, según lo publicó este lunes el diario Reforma.
El 5 de julio, Morales Ugalde, postulado en 2013 por el partido Pacto Social de Integración (PSI), fue detenido en la presidencia municipal de Palmar de Bravo por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Una semana después se realizó la audiencia de control en la Casa de Justicia Federal de Xalapa, Veracruz, lugar en el que juez de control determinó vincular a proceso a Morales Ugalde por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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