Seguridad
Ley del transporte público no prevé detalles sobre seguridad ante asaltos
Se considera obligatorio contratar seguros para proteger a los usuarios ante cualquier riesgo pero no se especifica de qué tipo de riesgos se habla
La normatividad vigente en materia de transporte público en la capital del estado no prevé algunas acciones de seguridad propuestas ante el aumento de delitos en las unidades.
El tema de la seguridad se menciona en la Ley de Transporte Para el Estado de Puebla cuya última modificación se realizó a principios de año pero para garantizar las condiciones óptimas de sus unidades.
"Este transporte se prestará en vehículos cerrados, que satisfagan las condiciones de seguridad, comodidad y demás requisitos que señalen las leyes aplicables", se lee en el artículo 25.
Más adelante, la misma ley retoma el tema de la seguridad, pero en relación a las condiciones viales, a fin de lograr la relación armónica del transporte público con otros actores como los automovilistas y los peatones.
Durante la última sesión informativa sobre avances de seguridad en la ciudad, el alcalde Luis Banck Serrato destacó que con el gobierno del estado se revisa el tema de los antecedentes penales de los conductores de las unidades.
Este tema, sin embargo, se considera obligatorio en la misma ley, que en su artículo 45 habla de la obligatoriedad del requisito para operadores que trabajan para empresas de transporte, y en el 62 se señala lo mismo para los concesionarios.
Tanto en la ley como en algunas de las fichas de requisitos y trámites que se realizan ante la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, se considera también la obligatoriedad de contar con seguros de viajero.
Este, sin embargo, sólo está previsto para proteger a los usuarios y terceros sobre cualquier riesgo que puedan sufrir con motivo de la prestación del servicio, sin especificar en qué podrían consistir los riesgos.
La propuesta de Banck Serrato que se hará a los concesionarios de las rutas más peligrosas en el tema de asaltos consiste en que el gobierno ponga botones y cámaras, en tanto que quede como responsabilidad de empresarios pagar el internet que el equipo requiere para funcionar.