La utilización del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para amenazar y concretar procesos de inhabilitación como el de Eduardo Rivera Pérez es “grave”, consideró Silvia Tanús Osorio.

Para la coordinadora de la fracción legislativa del PRI, las declaraciones hechas por Rivera Pérez sobre la manera en que se le intimidó para obtener la aprobación de sus cuentas públicas ya no sólo es un tema partidista tras involucrarse al Poder Legislativo y al órgano fiscalizador.

En entrevista con e-consulta, Tanús Osorio precisó que Rivera Pérez está obligado a comprobar la manera en que se le amenazó, e incluso dijo que debe recurrir ante las instancias judiciales para que se investigue y se haga “justicia”.

“El que acusa tiene la obligación de probar; claro que es grave. Que haga su acusación ante los órganos judiciales respectivos, que se haga justicia y que se investigue. Es muy grave y considero que, insisto, el que acusa tiene la obligación de probar; está inmiscuido el Congreso”.

El exalcalde de Puebla dio a conocer que el exgobernador Rafael Moreno Valle le pidió de manera expresa retirarse de la vida política del estado y no participar en las elecciones de junio de 2018.

 A cambio -mencionó en entrevista con este portal-  no se le aplicaría la sanción a su cuenta pública 2013 del ayuntamiento de Puebla, municipio que gobernó de 2011 a 2014.

El panista relató que las intimidaciones hechas por Moreno Valle tuvieron dos emisarios: Eukid Castañón Herrera, diputado federal; y David Villanueva Lomelí, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El pasado 7 de abril, por mayoría de votos el Congreso del Estado aprobó inhabilitar para ocupar un cargo público por 12 años a Rivera Pérez, así como multarlo con 25.5 millones de pesos.

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