Entregan a Gali 16 mil firmas que piden liberar a presos políticos

El gobierno estatal tendrá que responder en ocho días sobre los procesos judiciales de 366 presos y procesados políticos existentes en el estado de Puebla y la persecución política traducida en órdenes de aprehensión contra diversos activistas y defensores de derechos humanos, luego de que fuera emplazado por el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla que entregó 16 mil firmas de ciudadanos exigiendo la revisión de los casos.

En las oficinas del gobernador Antonio Gali Fayad, Carolina Barranco representante del Comité, líderes de organizaciones, luchadores sociales, defensores del patrimonio, ambientalistas, estudiantes, sindicalistas, algunos con procesos penales abiertos y familiares de presos políticos, entregaron los formatos donde constan las firmas y los nombres de 16 mil 290 personas que exigen la libertad absoluta e incondicional de los presos políticos que funcionarios se han negado a reconocer.

“Cuando los funcionarios dicen que los presos políticos no existen en Puebla, como sociedad nos preguntamos, ¿Cómo se le llama entonces a la fabricación de delitos? ¿Qué nombre recibe la manipulación de la ley a través de las instituciones? ¿Las violaciones al debido proceso seguirán siendo recurrentes durante su gobierno, señor Antonio Gali Fayad?, cuestionó Barranco, quien leyó su pronunciamiento a metros del despacho del gobernador y le dio a conocer el balance al día de hoy.

Hay presos heredados de Mario Marín y de Rafael Moreno Valle

Explicó Carolina Barranco que en el padrón actualizado del Comité, en Puebla existen 366 presos y perseguidos políticos: 53 procesos heredados del marinismo, con aprehensiones de pobladores de Huaxcaleca, Chichiquila y San Andrés Azumiatla; 361 del periodo de Rafael Moreno Valle; y a los 100 días de gobierno de Antonio Gali Fayad se registraron 5 nuevos procesos.

Del sexenio morenovallista se registran 5 presos: el ex líder del Sindicato del Ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez, a quien se buscó anular para apropiarse del sindicato y menoscabar las condiciones laborales de sus agremiados, dijo Barranco.

También mencionó a los líderes e integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Atl Tonatihu Rubén Sarabia Reyna, Luis Fernando Alonso Rodríguez, Xihuel Sarabia Reyna, primero detenidos y después informados de los falsos cargos que se les atribuyeron e imputaron.

Dos personas en régimen de prisión domiciliaria: uno, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio, líder fundador de la UPVA 28 de Octubre, quien se negó a entregar al gobierno la organización que lidera.

Al respecto el González Barranco aseguró que “ insatisfecho con el encarcelamiento de Simitrio, el gobierno detuvo a dos de sus hijos y a dos de sus compañeros de lucha; además, sometió a proceso penal a su esposa, a su nuera y dos integrantes más de la organización”.

En la misma circunstancia legal se encuentra el ex secretario de Medio Ambiente, Francisco Eduardo Castillo Montemayor, “quien con base en su trayectoria profesional de ambientalista se atrevió a llamar ecocida a Rafael Moreno Valle y pagó su crítica con la privación de su libertad”, asentó la vocera del Comité.

Un condenado político: Jairo Javier Montes Bautista, ex presidente auxiliar de San Bernardino Chalchiuapan, comunidad donde el exceso en el uso de la fuerza pública cobró la vida de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, un niño a consecuencia de la supuesta aplicación de la llamada Ley “Bala”.

Además de la vigencia de 144 procesos abiertos, 153 órdenes de aprehensión a personas perseguidas que son integrantes de organizaciones sociales.

En el periodo de Antonio Gali Fayad se han sumado a la lista 1 preso: José Muñoz Villegas integrante de la “28 de Octubre” y 4 personas perseguidas, del Partido de Acción Nacional (PAN): Ana Teresa Aranda, Francisco Méndez Priante, Francisco Javier Torres Sánchez y José Felipe Puelles Espina.

En el registro total también consta Delfino Flores Melga quien murió en condición de preso, además de las únicas dos personas que demostraron la falsedad en sus cargos: la defensora del derechos humanos, Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal que negó el derecho de paso al Gasoducto Morelos y Néstor Espinoza López, uno de los tres jóvenes que fueron levantados, torturados y aprehendidos tras ser acusados de terrorismo y conspiración contra el presidente Enrique Peña Nieto luego que dieran like a una página en Facebook.

Demandan la inmediata liberación de todos los presos y procesados políticos

Integrantes del Comité sostuvieron que las prácticas del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas caracterizadas por el ejercicio político del poder que, bajo la máscara discursiva de “aplicación de la ley y el estado de derecho”, sirvió para desarrollar un gobierno que encontró sostén en la represión y persecución de todas las voces disidentes a través de amenazas, fabricación de averiguaciones previas que derivaron en órdenes de aprehensión yo detenciones arbitrarias, tortuosos procesos abiertos contra activistas y el encarcelamiento, no ha pasado aunque el personaje se ha ido.

“Con usted, Gali Fayad, no percibimos una postura que permita distinguir un gobierno, de otro; pareciera tener la encomienda de seguir con la misma política represiva y es que, atendiendo a la memoria, de todos los candidatos a la gubernatura en el proceso electoral pasado, usted fue el único que negó la existencia de los presos políticos; pero, su negación no impide que para este momento el Estado cuente con siete personas ciudadanos en calidad de presos políticos: cinco en prisión y dos bajo arraigo domiciliario, además de los 5 nuevos procesos bajo su gobierno, dijo Carolina Barranco.

El llamado al mandatario que recién cumple los cien días de gobierno fue la demanda de la inmediata liberación, sin restricción alguna, de todos los presos y procesados políticos existentes en el estado de Puebla, el cese de la persecución política, así como la inmediata cancelación de las órdenes de aprehensión existentes contra diversos activistas y defensores de derechos humanos, lo que contribuiría, dijo Carolina Barranco, a la restitución del estado de derecho, un acto de congruencia.

“Antonio Gali Fayad: le heredaron un estado lleno de problemáticas; de usted dependerá contribuir a que estas permanezcan y/o se magnifiquen; o, como esperamos todos, que realmente demuestre a través de acciones contundentes, que posee otra forma distinta de hacer política; una política de diálogo, consenso y respeto por la disidencia y la legalidad”, dijo Barranco.

La cuantiosa inversión en seguridad no benefició a los ciudadanos

Los activistas sostuvieron que en el sexenio pasado se hicieron grandes inversiones económicas en seguridad pública: la compra de aparatos y software de espionaje a la empresa Haking Team, que únicamente sirvió para perseguir y vigilar activistas, pero nada se hizo con ella para evitar el explosivo crecimiento de la delincuencia que hoy, quizá, pueda servir de pretexto para militarizar nuestro territorio.

Al respecto, Samuel Porras, asesor legal de los presos de la UPVA 28 de Octubre, aseguró que resultará imposible seguir negando la existencia de presos políticos en el estado pues se ha demostrado jurídica y públicamente el hecho.

“Esta entrega de firmas es para nosotros, la UPVA, un respaldo moral enorme. La verdad les revienta en las manos. Las prácticas viles de persecución de ciudadanos ha evitado que persigan y detengan a quienes de verdad son criminales en el estado sumiéndonos en la inseguridad que ahora sufrimos”, dijo Porras.

Para Adán Xicale, líder de los defensores de la cultura, que permaneció junto con su hijo Paul más de un año en prisión por negarse a la destrucción del patrimonio pirámide de Cholula, y quien tiene sostiene el proceso penal en libertad, la entrega de firmas servirá como un recordatorio político no sólo para el gobierno estatal sino para los luchadores sociales y ciudadanos sobre la condición de represión que se vive en el estado.

Xicale recordó que la persecución a miembros de Cholula Viva y Digna no ha cesado y que aún existe una orden de aprehensión contra el académico Roberto Formacio.

A la llegada del medio centenar de personas al Centro Integral de Servicios (CIS) que formaron un contingente que marchaba con la consiga: “¡Presos políticos, libertad!” fueron cerradas la puertas del edificio público. Guardias impidieron el paso y tras la rendija de la puerta de cristal aseguraban que el paso “No era para todos”.

Finalmente un conciliador acudió a “negociar” la entrada sólo de una comisión de cinco personas para ser “atendidos como se debe”. Pero el Comité para la liberación de Presos Políticos se negó a la condición y entregó las firmas reunidas y el emplazamiento a una respuesta que por ley, deberá tener respuesta en ocho días hábiles.