Sociedad
Sin necesidad retienen a miembros de la UPVA en prisión, acusan
Tonatiuh Sarabia aseguró que a la fecha no existen pruebas ni elementos suficientes para considerar responsables de las acusaciones a los presos políticos de la UPVA “28 de Octubre”
El gobierno del estado ha retenido innecesariamente a los presos de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, alargando sus procesos aun en desacato de amparos federales, denunció Tonatiuh Sarabia Reyna, asesor legal de la organización.
Así lo expuso después de la declaración de Diódoro Carrasco Altamirano, titular de la Secretaría General de Gobierno, en la que sostuvo que no se le puede otorgar la liberación absoluta a Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, líder fundador de la UPVA por procesos incumplidos.
Al respecto, Tonatiuh Sarabia aseguró que a la fecha no existen pruebas ni elementos suficientes para considerar responsables de las acusaciones a los presos políticos de la UPVA “28 de Octubre” Rubén Sarabia Simitrio, sus hijos Alt y Xihuel, además de Fernando Alonso y José Muñoz Villegas cuyos procesos están además estancados sin los desahogos de evidencias correspondientes en el cumplimiento del debido proceso.
“A la fecha la Fiscalía General del Estado está dilatando innecesariamente desahogos de pruebas así como la admisión de evidencias. Pero todo el proceso ha sido irregular, hemos denunciado que desde las oficinas de Luis Maldonado Venegas en la SSG se armaron las averiguaciones previas contra los integrantes de la “28 de Octubre”.
Aseguró que el tiempo de solución no depende del incumplimiento de “procesos” sino del entorpecimiento de la ley y de argucias legales permanentes y sostenidas.
Sobre “Simitrio” detalló el proceso 113/1989 y la revocación que hizo una juez faltando tres semanas para tener su libertad absoluta; la revocación del acuerdo de gobernador, repetir la condena establecida en sentencias ya extintas pretendiendo que permaneciera en prisión hasta el año 2050; la aplicación de normas del nuevo sistema penal acusatorio a un proceso del año 1989, que el tribunal colegiado determinó como ilegal y cuyo mandato de la justicia federal ha tenido un desacato abierto y declarado a la sentencia de amparo que ordenó ponerlo en libertad.