Edil de Palmar de Bravo pierde caso de pensión y amenaza a expareja

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló contra el edil de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, quien deberá pagar pensión alimenticia a su hijo de 6 años, reveló Karina Fernández Patricio, madre del menor, que ahora enfrenta la amenaza cumplida de ser separada de su hijo, por un juez de Tecamachalco quien ha iniciado un procedimiento paralelo.

Karina Fernández, acompañada por integrantes del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano denunció que en vez de llegar a un acuerdo para el pago de la pensión, el presidente de Palmar de Bravo y la presidenta del DIF, María Dolores Carranza Vidal, amenazaron con quitarle a su hijo usando sus buenas relaciones en el DIF del estado si no se desistía del amparo.

Luego de que el pasado 22 de febrero la Primera Sala de la SCJN ratificó el amparo y ordenó revocar la sentencia y condenar a Pablo Morales a pagar los alimentos retroactivos desde que nació su hijo, el edil ha presentado ante el juez de Tecamachalco una demanda incidental con la que pretende separa a la madre de su pequeño.

“El día viernes 17 de marzo acudí al Juzgado Civil de Tecamachalco a revisar si existía notificación alguna dentro del expediente del Juicio de Paternidad y Alimentos y me di cuenta de que Pablo Morales Ugalde presenta escritos notoriamente improcedentes, sin la autorización de alguno de sus abogados, y contrarios a la ley y a la resolución del amparo, pues el juez de Tecamachalco le admite una demanda incidental con la que pretende separarme de mi hijo”, denunció.

La expareja del edil aseguró que muchas mujeres están en su situación y pidió a autoridades detener los hechos impunes de tribunales que defienden a “poderosos”.

Tráfico de influencias desde el inicio del juicio

Acusó que el edil de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, hizo uso de su cargo y de influencias desde hace cuatro años, cuando fue denunciado ante tribunales en un juicio de paternidad y alimentos.

Además de que Morales la amenazara constantemente con quitarle a su hijo, mandar a secuestrarlo y causar daño patrimonial a su familia, Karina Fernández señaló que el Juzgado de Tecamachalco también la violentó institucionalmente.

Explicó que en el juicio en el Juzgado de Primera Instancia en 2013, abierto por el expediente 1456/2013, donde denuncia al edil, hay ilegalidades en el procedimiento.

“He pasado muchas injusticias el juzgado en Tecamachalco, lo único que ha hecho es favorecer al edil; desaparecieron oficios, se dictaron sentencias arbitrarias ilegales, se manipularon pruebas” acusó.

Precisó que una de las muchas ilegalidades dentro del procedimiento, fue haber sido sometida a pruebas de ADN, pese que se trataba de juicio de paternidad y no maternidad, como solicitó el demandado.

“Además no se fijó pensión provisional y todo esto fue por una claro tráfico de influencias, pues la Secretaria de Acuerdos hacía todo lo posible por obstaculizar el proceso en su contra, dictaba acuerdos contrarios a derecho y a propósito se equivocaba en la elaboración de los escritos para que fueran rechazados”, señaló.

Reveló que a la secretaria de Acuerdos le había sido prometido el puesto de Juez Municipal en Palmar de Bravo.

“Dentro de la Primera Instancia obtuve una sentencia por demás ilegal, ya que no lo condenó al pago de la alimentación para mi hijo, y se negó a transparentar sus ingresos, los cuáles según son de 5 mil pesos mensuales, así como sus bienes patrimoniales.

Después de los resultados de la prueba de ADN, el juzgado no quiso dictar las medidas precautorias de embargo al presidente municipal de Palmar” relató.

La expareja del alcalde dijo que el juicio que se inició hasta los 6 años de edad del pequeño, pero desde que estaba embarazada Pablo Morales supo de su hijo y nunca se hizo responsable.

Acusó que durante ese tiempo de gestación no sólo tuvo amenazas del edil sino de su actual pareja, la presidenta del DIF Municipal, María Dolores Carranza Vidal, por lo que fue denunciada ante la Procuraduría General de la República, en la Dirección Especializada en Delitos de Chantaje, que en el 2006 existía, y a la fecha está sin avance.

Edil incumplido

En 2015 presentó una denuncia por el delito de abandono de persona e incumplimiento de obligaciones alimentarias, y pese a que Pablo Morales se comprometió en dos acuerdos reparatorios a cumplir y pagar los adeudos, nunca lo hizo.

Un año después, en 2016, sufrió un atentado por parte de Pablo Morales quien chocó a propósito un vehículo propiedad de mi madre y en que circulaba para después darse a la fuga.

Contó que pese a los hostigamientos que subían de tono, continuó con el procedimiento familiar en apelación, en amparo directo que llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El Juzgado de Tecamachalco siempre ha actuado por consigna. El personal siempre lo ha favorecido, secretarios de acuerdos y jueces, Y ha incurrido no sólo en faltas administrativas sino incluso en delitos contra la administración de justicia”, acusó.

Karina Fernández hizo responsable a Pablo Morales Ugalde y a su esposa María Dolores Carranza Vidal de lo que le pueda pasar a ella o a su familia, pues en varias ocasiones ha sufrido amenazas y chantajes de su parte.