Con detenciones respondió gobierno a demanda de diálogo: 28 de Octubre

La demanda de diálogo con el gobierno del estado para la liberación de presos políticos de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre tuvo como respuesta del gobierno una nueva detención arbitraria de un miembro más, denunciaron líderes de la organización

En rueda de prensa, las esposas de los detenidos bajo por el proceso penal 195/2015, Laura García Luna,pareja de José Muñoz Villegas, y Rocío Castellanos, esposa de Fernando Alonso, junto con los abogados de la UPVA, Tonatiuh Sarabia y Samuel Porras, denunciaron las irregularidades en la integración de los expedientes y la complicidad –dijeron- de un aparato de gobierno para reprimir a la UPVA.

El abogado Sarabia explicó que a la detención de Luis Fernando Alonso Rodríguez, ocurrida el 25 de junio de 2015, se sumó este 15 de febrero la de José Muñoz Villegas, ordenada por el Juzgado Octavo Penal de Puebla. Ambos están acusados por los hechos del 14 de mayo de 2015, cuando un grupo de choque entró al Mercado Hidalgo y disparó armas de fuego contra comerciantes y clientes.

“Comerciantes pudieron cercar a los agresores y entregaron a la policía a Oscar Castro Almendarez, Enriqueta Gallegos Medellín, Emmanuel Ordaz Rodríguez, Raúl Ramírez Engabi y Daniel Vázquez López. Sin embargo, cuando llegaron a la FGE, su carácter de detenidos pasó al de denunciantes que acusaron a integrantes de la UPVA, ante el Agente Ministerio Público adscrito a la Dirección de la Zona Metropolitana Sur, que en ese momento integró el expediente pese a que no se presentaron los documentos que son exigidos de rigor”, describió Sarabia.

Destacó que esta Agencia Metropolitana Zona Sur es la misma que ha integrado los expedientes para iniciar los procesos penales contra Rita Amador, dirigente moral de la UPVA y contra María de la Luz Gálvez, Sergio León López, Silverio Fuentes Silva, partiendo de acusaciones “anónimas”.

Acusó que las personas que han sostenido las acusaciones contra miembros de la “28 de Octubre” han cambiado sus declaraciones hasta tres veces sin que autoridades adviertan esta irregularidad.

El proceso que se había levantado primero por los delitos de lesiones y robo se convirtió, en unos días, en delitos cometidos contra funcionarios públicos, homicidio en grado de tentativa, robo agravado y daño en propiedad ajena, que fueron robustecidos por el Agente del Ministerio Publico que de manera unilateral acusó a los integrantes de la UPVA de lesiones calificadas.

“A pesar de los dictámenes emitidos por la propia FGE, de médicos legistas que certificaron de simples las lesiones y que no ponían en peligro la vida de los denunciantes, el Ministerio Público y el juez Octavo Penal sostienen el delito de homicidio en grado de tentativa contra Fernando Alonso y José Muñoz”, insistió Sarabia en el recuento de las arbitrariedades que constan en más de 2 mil fojas

Ambos integrantes de la 28 de Octubre también están acusados del robo de una pistola a un agente de la policía municipal, pese a que en su declaración en los expedientes afirma que él no se dio cuenta quién extrajo su arma.

El delito de lesiones contra funcionarios públicos es imputado a Fernando Alonso y José Muñoz por daño a agentes de seguridad, pese también a que ellos han reconocido que no podrían identificar a alguien específicamente.

Pese a éstas y otras inconsistencias en el caso, el Juez Octavo Penal el 4 de junio de 2015, libró la primer orden de aprehensión a Fernando Alonso, a quien detuvieron el 25 de junio de 2015, y a José Muñoz Villegas, detenido el pasado 15 de febrero, pasando por alto amparos interpuestos.

Rocío Castellanos, esposa de Fernando Alonso describió la pesadilla que ha vivido su familia por la que calificó como injusta aprehensión.

“Él es inocente, ha sido una verdadera injusticia; el padre de mi esposo murió luego de que le enfermara esta situación; Fernando nunca pudo despedirse de él”, dijo.

Los líderes de la organización de comerciantes condenaron que ante esos hechos gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, haya guardado un silencio culpable y dejara actuar a la Secretaría General de Gobierno en contra de la UPVA.

Samuel Porras pidió a la ciudadanía juzgar este caso y tomar consciencia de la forma de actuar de las autoridades.