Puebla ya indaga donación de 720 mdd de la Fundación Jenkins

El gobierno del estado ya inició una investigación por la donación de 720 millones de dólares de la Fundación “Mary Street Jenkins” a su par “Bienestar de Filantropía”, que se mudó al extranjero con todo el patrimonio.

La indagatoria se realiza a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en Puebla, que es un organismo desconcentrado de la administración estatal, el cual ya notificó del procedimiento al Servicio de Administración Tributaria(SAT) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Este lunes se dio a conocer que el fisco embargó el campus de la UDLAP ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, por un crédito fiscal pendiente de la Fundación Jenkins que asciende a 45.2 millones de pesos.

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Para el abogado Carlos Serna Rodríguez, quien solicitó la realización de la indagatoria como parte del proceso jurídico que sigue su cliente Guillermo Jenkins de Landa, el embargo que se practicó a las instalaciones de la universidad podría ser “el principio del fin” o “una cuenta regresiva” para que se sancionen los presuntos malos manejos administrativos del patronato.

Hay que recordar que Jenkins de Landa mantiene un litigio en contra de los actuales patronos de la Fundación, pues asegura que fue expulsado de manera ilegal, además de que los ha acusado de malversar el patrimonio de la misma.

Obligan a la Junta a indagar

Carlos Serna, quien tiene a su cargo el proceso legal, explicó a e-consulta que tras la resolución de diversos amparos para que conociera y tomara cartas en el asunto, la Junta ya indaga las denuncias que presentó en contra de las fundaciones “Mary Street Jenkins” y de la UDLAP, según se los notificó el organismo recientemente.

En el primer caso se pidió que se investigara la donación de 720 millones de dólares y bienes muebles e inmuebles, entre ellos, el campus de la universidad, a la Fundación “Bienestar de Filantropía” que en diciembre de 2014 mudó su domicilio a Barbados.

En el segundo caso se solicitó que se indagaran los movimientos administrativos de esta entidad, una vez que en octubre de 2016 perdió su registro como “donataria autorizada”, con lo que perdió el beneficio de recibir donaciones sin pagar impuestos.

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El abogado recordó que no es posible conocer los motivos por los que el SAT realiza acciones en contra de los contribuyentes ya que estos son secretos, sin embargo consideró que el embargo que aplicó al campus de la UDLAP podría estar relacionado con la investigación que lleva a cabo el gobierno del estado.

Uno de los elementos con los que podría concluir que la acción que emprendió el fisco tiene que ver con la indagatoria, es que el terreno en donde se encuentra la casa de estudios fue donado a “Bienestar de Filantropía” y ahora esta asociación figura como dueña del mismo, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Puebla.

Patronos podrían ser destituidos

Serna detalló que la Junta podría establecer sanciones administrativas en contra de las dos fundaciones, en caso de que corrobore que incurrieron en malos manejos administrativos, como la destitución de sus miembros y la declaratoria de que su cliente, Guillermo Jenkins, fue destituido del patronado de manera ilegal.

Adicionalmente, el SAT podría emprender sus propias sanciones o multas, mientras que la PGR también emprendería acciones penales en caso de ser necesario.

Finalmente, comentó que no existe un plazo definido para que la indagatoria concluya, pues este dependerá del desahogo del procedimiento y podría alargarse en caso de que se presenten otros recursos legales.