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Gobierno
Empresas se despachan con 11 concesiones en sexenio de RMV
En la mayoría de los casos nunca se transparentaron las condiciones de los contratos entre el gobierno estatal y los particulares, así como las contraprestaciones que obtuvo el erario
El gobierno del estado concretó este sexenio 11 diferentes concesiones para que particulares se encarguen de otorgar servicios como el agua potable, el transporte público, la verificación vehicular, el cobro de autopistas y fotomultas, o bien para la construcción y operación de inmuebles como el Museo Internacional Barroco (MB) y el segundo piso de la autopista México-Puebla, entre otros.
Son la constante la falta de transparencia en la divulgación de los contratos y los periodos que exceden este sexenio.
Además destaca que la empresa Pinfra y corporativos que pertenecen a la familia Hank Rhon fueron beneficiadas con más de una concesión en la entidad.
Entregan la distribución y cobro del Agua Potable
El gobierno de Puebla asignó en mayo de 2014 al consorcio Concesiones Integrales, conocida comercialmente como Agua de Puebla, el contrato para otorgar por 60 años los servicios que hasta esa fecha estaban a cargo del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).
El contrato pudo otorgarse mediante una reforma a la Ley del Agua de la entidad, lo que permitió cambiar la estructura tarifaria a fin de que la empresa pudiera cobrar de acuerdo con el consumo del vital líquido que registrara cada toma.
El consorcio está integrado por tres empresas: Agua de México, Epcor, Ticsa y un fideicomiso bancario que preside del Grupo Hermes, que dirige el empresario Carlos Hank González.
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El gobierno del estado no ha transparentado hasta ahora los términos del título de concesión, sin embargo el 23 de mayo pasado, en el marco del proceso electoral para elegir gobernador en Puebla, el diario La Jornada dio a conocer que el pago que las empresas hicieron al gobierno local fue de 1 mil 723 millones 800 mil pesos.
Aparecen empresas para operar el Metrobús
En abril de 2014 la entonces Secretaría de Transportes (ST) –ahora Secretaría de Infraestructura y Transportes–, abrió una licitación pública internacional para otorgar la concesión por 30 años de los servicios de las líneas 2 y 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), aunque el gobierno poblano nunca informó los resultados del procedimiento ni la contraprestación lograda.
En febrero de 2016 el entonces alcalde de Puebla, José Antonio Gali Fayad -hoy gobernador electo-, informó que la empresa a cargo era TATPA, que es una filial de Autobuses de Oriente (ADO).
En septiembre pasado el titular de la SIT, Diego Corona Cremean, confirmó que se planea concesionar la línea 1 del Metrobús, pues el sistema de cobro ya está a cargo de otra firma –ATT Maximus–.
Hasta ahora hasta ahora la empresa Corredor Insurgentes S.A. (CISA), que se encarga de la operación del Metrobús de la Ciudad de México, mantiene pláticas con el gobierno del estado para obtener la concesión.
Segundo piso de la autopista México-Puebla
En 2014 la federación y el gobierno del estado acordaron entregar una concesión a las empresas Obrascón, Huarte y Lain (OHL) y Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) por 30 años para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Segundo Piso de la autopista México–Puebla–Veracruz, con una longitud de 13.3 kilómetros, como compensación por retirarle a la primera la concesión del Libramiento Norte en el 2012.
Ambas empresas integraron la firma Libramiento Elevado de Puebla S.A. de C.V. y aportaron 5 mil millones de pesos para la obra, mientras que otros 5 mil 500 millones fueron destinados por el gobierno estatal y federal.
[relativa1]
Pinfra también cobra en autopistas estatales
Previamente la firma Pinfra, que encabeza David Peñaloza Alanís, ya había sido beneficiada con una concesión por parte de la administración estatal, pues en noviembre de 2012 informó que ganó un concurso de licitación para la operación, conservación y mantenimiento por un periodo de 30 años de las autopistas a Atlixco, Apizaco-Huauchinango y Virreyes-Tezuitlán, que estaban a cargo del organismo público Carreteras de Cuota Puebla (CCP).
A cambio otorgó al gobierno poblano una contraprestación por 2 mil 494 millones de pesos. El desarrollo de este procedimiento tampoco fue transparentado por las autoridades estatales.
En Puebla esa empresa opera además las autopistas Atlixco-Jantetelco, así como la Tlaxcala-San Martín Texmelucan y Tlaxcala-Puebla.
En espera la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan
En 2012 el gobierno del estado anunció la entrega de una concesión por 30 años a la empresa OSA, filial de la firma Oceanografía, para construir, dar mantenimiento y operar la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, la cual conectaría a la empresa Audi con el norte de la entidad, y con el puerto de Veracruz por la Súper a Orizaba.
Sin embargo en marzo de 2014 se revocó el procedimiento, tras el surgimiento de un escándalo por lavado de dinero en el que esas empresas se vieron involucradas.
Aparecen las fotomultas
En agosto de 2013 la administración estatal puso en marcha la operación del programa “Monitor vial” que usualmente se conoce como “Fotomultas”.
Sin embargo no informó de manera oficial el nombre de la empresa que se haría cargo del manejo de las cámaras que hay en más de una veintena de vialidades poblanas.
Distintas versiones periodísticas informaron posteriormente que la empresa Auto Traffic S.A. de C.V. es la encargada de operar los artefactos y enviar las notificaciones a los domicilios de los infractores.
Verificentros para foráneos
En junio de 2014 se abrió un concurso de licitación para entregar 17 concesiones para operar el mismo número de centros de verificación vehicular por un periodo de hasta 20 años en la entidad, mismo que en su mayoría ganaron empresas provenientes de la Ciudad de México.
Previamente la administración estatal canceló 86 concesiones que particulares tenían para hacerse cargo de ese tipo de establecimientos, los cuales recurrieron a amparos pero a la fecha estos recursos no se han resuelto.
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Entregan Aviario de Puebla
El 26 de julio de 2016 la administración estatal publicó una convocatoria para elegir a la empresa que se encargaría de atender el aviario del Parque “Revolución Mexicana”, comúnmente conocido como Parque Ecológico, por un periodo de 30 años, empero el desarrollo del procedimiento tampoco se hizo público.
Entrevistado por distintos medios de comunicación en septiembre pasado, Gregory Camacho Wardle, director del zoológico Africam Safari, confirmó que su empresa ganó el concurso, aunque no ofreció más detalles del mismo y se limitó a mencionar que invirtieron “millones” en su rehabilitación.
Anteriormente el espacio estaba a cargo del pajarero Martín Camacho Morales, quien fue retirado del lugar e incluso enfrentó una investigación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quien lo multó con 168 mil 225 pesos por no comprobar la procedencia de los ejemplares que estaban a su cargo.
Museo Barroco para los Hank
En septiembre de 2014 la administración poblana otorgó una concesión por un periodo de 23 años a la empresa La Peninsular Compañía Constructora, propiedad de la familia Hank Rohn, para construir, dar mantenimiento y operar el Museo Internacional Barroco (MIB).
La obra se ejecutó a través de un esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), mediante el que anualmente la administración estatal pagará a la firma 269 millones de pesos, es decir 22.4 millones al mes.
Esos pagos suman 7 mil 280 millones 933 mil pesos durante todo el periodo que durará la concesión.
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Centro Integral de Servicios
Mediante el esquema de PPS el gobierno del estado encargó al consorcio Aristos y la firma Apycsa la construcción y mantenimiento por un lapso de 25 años del Centro Integral de Servicios (CIS), el cual tuvo un costo de 3 mil 800 millones de pesos.
Las empresas recibirán pagos mensuales por 15 millones de pesos, según reconoció en febrero pasado el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Roberto Moya Clemente.
Plataformas Audi
El gobierno poblano recurrió al mismo modelo para construir las plataformas de la armadora Audi que se encuentran en el municipio de San José Chiapa, pues entregó un contrato a la empresa Codesa por un periodo de 15 años en los que pagará 10 mil 800 millones de pesos.
Debe recordarse que el año pasado también fue abierto un concurso de licitación para entregar a un particular la operación del Estadio “Cuauhtémoc”, sin embargo no se ha informado hasta ahora el resultado del procedimiento.