Gobierno
Según Comité, a 355 defensores de derechos persiguió gobierno de RMV
La cifra dimensionan el control que el Ejecutivo estatal ha detentado sobre las instituciones jurídicas, dijo Carolina Barranco, representante del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla
En el sexenio de Rafael Moreno Valle 355 defensores de derechos humanos, activistas o personas que expresaron su disenso con el gobernador perdieron su libertad, seguridad y fueron arruinadas económicamente por la persecución jurídica emprendida por gobierno del estado.
En la antesala del último informe del gobernador Moreno Valle, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla presentó su balance sobre la persecución política hasta el 30 de noviembre del 2016.
La cifra, dijo Carolina Barranco, representante del Comité, dimensiona el control que el Ejecutivo estatal ha detentado sobre las instituciones jurídicas que abandonaron en el estado la vocación de impartición de justicia fabricando delitos a modo y violando toda garantía al debido proceso.
Barranco precisó que hasta el día de hoy 6 perseguidos políticos continúan en prisión: 1 mototaxista, cuatro integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre y el exfuncionario público Francisco Castillo Montemayor; pero hay 141 personas procesadas y 150 órdenes de aprehensión libradas.
En la presentación del recuento estuvieron presentes servidores que defendiendo los derechos de sus representados fueron restringidos de su libertad, como los presidentes auxiliares de Canoa, Resurrección y Chalchihuapan, éste último a quien el gobierno castigó con la muerte política.
El caso del el mototaxista y defensor del trabajo Juventino Tlahuel que permanece en arraigo domiciliario también fue expuesto en el informe.
De esta cascada de criminalización a defensores y activistas
Del grupo de defensores perseguidos sólo 2 han logrado demostrar inminente inocencia: Enedina Rosas Vélez, representante ejidal que se negó, siguiendo la voluntad del pueblo, a firmar la venta de tierras para la colocación del ducto del gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos, y Nestor Espinoza López, estudiante que dio un like a una página en Facebook creada para organizar una manifestación pacífica a propósito del desfile del 5 de mayo y la presencia del Presidente Enrique Peña Nieto.
El saldo también incluyo el caso de Delfino Flores Melga, defensor de la vivienda digna, quien murió en condición de preso pues a pesar de contar con más de 90 años el gobierno estatal negó su arresto domiciliario.
A este registro se sumaron los 17 procesos que heredó del gobierno marinista, en San Andrés Azumiatla, y que continúan abiertos, además de las 36 órdenes de aprehensión libradas en 2006 en el municipio de Huaxcaleca, también vigentes.
Para el Comité este número representa una muestra de la falta de tacto, sensibilidad, respeto y dominio político, que ha decidido sustituir el diálogo por la represión y la fabricación sistemática de delitos.
“Los presos políticos no pueden ni deben utilizarse durante las negociaciones políticas pre o pos electorales, no pueden fungir como elementos de apaciguamiento entre sus comunidades que demandan justicia”
La organización cuestionó la categoría de preso político en una administración donde el ejecutivo del Estado aspira a la presidencia.
“Este recuento deja claro un afán de criminalización a la protesta social, el castigo al disenso, en síntesis, la nulificación de cualquier derecho de expresión y consulta”
El Comité hizo un llamado al gobernador Rafael Moreno Valle a sobreponer sus fobias e intereses particulares por aquellos trascendentes en materia social.
Pidió diálogo y negociación que conduzcan a la libertad de quienes aún se encuentran presos; el fin de los eternos y tortuosos procesos que libran cientos de poblanos y la certeza de libertad que pueda tener cualquier ciudadano que piense distinto a él.