Acusan maltrato y violación institucional en el Centro de Justicia de las Mujeres

Vanessa Alejandra Juárez Pizano vive con terror de que su expareja, Saúl Huerta López, cumpla con su amenaza de muerte. Aunque interpuso su denuncia ante el Centro de Justicia para Las Mujeres (CJM), el caso ha sido retrasado por más de año y la ministerio público le ha advertido “tu denuncia es flaca y no va a proceder”.

Vanessa acudió nuevamente a las instalaciones de la dependencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), a presentar una ampliación de denuncia para puntualizar que mientras vivieron juntos, él la violentó de todas las formas posibles.

Relató que fue el 30 de septiembre de 2015 cuando fue atendida por la ministerio público Joselyn Paredes Corona, quien trató de convencerla de que la amenaza que recibió de su expareja, afuera del Instituto Mexicano Madero, donde trabaja, no era grave y que los jueces no toman en serio esos casos.

“Desde el principio tuve un trato deshumanizado, prepotente, insensible, arrogante y altanero de parte de la ministerio público que me exhibió en la oficina, reprochándome mi situación”, explicó.

Dijo que tuvo que imponerse a la funcionaria para que su denuncia quedara interpuesta en el CJM. “Ella me desmotivaba. Aun así le pedí que tomara mi declaración. Quiero que quede constancia de que hice todo los posible para detener la violencia de la que fui víctima y que cuando encuentren mi cadáver haya evidencia de que hice algo para defenderme”.

Si me llega a matar va a ser así, a solas y sin testigos.

A pesar de la ministerio público, Vanessa logró interponer la denuncia. Sin embargo sólo fue el principio de una serie de obstáculos, pues además de descargar la investigación en ella, el Centro de Justicia para las Mujeres, le exigió la presentación de testigos, aun cuando padecía el cuadro de aislamiento social que presentan las víctimas.

Joselyn Paredes hizo declarar al hijo de Vanessa, que tiene 8 años de edad, y a familiares cercanos, pero el esfuerzo fue inútil porque la agente ministerial le advirtió: “tus testigos no me sirven”.

“No hay testigos y no va a haber testigos, si me llega a matar va a ser así, a solas y sin testigos”, dijo Vanessa a este medio.

“El caso no va a prosperar, se lo advierto”

Vanessa apuntó que el 3 de febrero de este año acudió al CJM para saber cómo iba su caso, pues las amenazas no han cesado de parte de su expareja.

En lugar de información ---acusó-- la ministerio público le profirió este monólogo: “Mire, pero mire; voltée atrás y vea todos esos folders apilados, son expedientes que me han regresado. Yo veo su expediente flaco, no va a proceder. Diga ¿quiere usted seguir con el caso? Le pregunto porque luego resulta que cuando llegan ministeriales a detenerlo, la misma mujer que vino a denunciarlos lo defiende y trata de impedir que se lo lleven, y luego hasta resulta que viven juntos”.

Deficiencias en el procedimiento

Al trato denigrante de la funcionaria Joselyn Paredes se suma la incompetencia jurídica del caso, por lo que Vanessa acudió a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla que luego de conocer el caso, levantó el expediente 1517/2016.

Vanessa solicitó a la CDH Puebla que sean revisadas las actuaciones de su caso para establecer si se llevaron con exhaustividad y suficiencia, pues Vanessa teme que la averiguación previa tenga debilidades que lleven al fracaso su caso.

Señaló que Joselyn Paredes se negó a integrar la denuncia como “Amenaza de muerte” y conformó el expediente bajo el término de “Violencia intrafamiliar”, a pesar de que existe otra denuncia también interpuesta por Vanessa en el estado de Tlaxcala por los hechos ocurridos allá.

Vanessa reveló que la violación institucional más grave que sufrió es que la ministerio público revelara a Saúl, su agresor, los detalles de las denuncias y el estatus del caso.

“Siempre actué de buena fe ante el CJM, pero me he visto traicionada por el abuso que han hecho de ella y de la confianza que deposité al pensar que era un espacio para mujeres en situación de violencia. Si algo firmé fue de buena lid y con la ceguera de la confianza”.

A la fecha, sigue esperando que le sean brindadas las medidas de protección que marca la ley. “Fui amenazada de muerte y existen antecedentes de violencia en mi contra que me ponen en riesgo a mí y a mis hijos”.

Vanessa asegura que el daño por la mala actuación de la autoridad le ha afectado de manera económica, personal y de salud.