Avala CAIP opacidad en contratos de Prestación de Servicios

La Comisión para el Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) confirmó que por motivo de la auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, no se podrán conocer los contratos de los Proyectos para Participación de Servicios (PPS), para el Centro Integral de Servicios (CIS), cuya clasificación mantendrá en reserva la información los 24 años que establece la prestación de servicios.

La CAIP ayer votó por unanimidad que la auditoría que comenzó el 15 de abril no solo es en relación al “Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo para la Construcción, Disponibilidad de Espacio y mantenimiento del Centro Integral de Servicios del Gobierno del Estado de Puebla”, sino a todos los contratos que derive la obra.

Ayer fue resuelto por el pleno el recurso de revisión 123/SIT-06/2016 interpuesto por un ciudadano que pidió que fuera revisada la clasificación de la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT) de los contratos de la licitación SINFRA-PPS-2011/001, uno de los ítems considerado en el Acuerdo de Reserva firmado por el entonces secretario Antonio Gali Fayad, el 22 de noviembre de 2013.

“ Por lo tanto esta Comisión – indica la ponencia - determina que el Sujeto Obligado acreditó y demostró en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, que la auditoría no solo es en relación al “Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo para la Construcción, Disponibilidad de Espacio y mantenimiento del Centro Integral de Servicios del Gobierno del Estado de Puebla”, sino también respecto a otros documentos y recursos vinculados con el contrato en comento, por lo cual existe la certeza jurídica de la existencia de un procedimiento de auditoría aún no concluido, iniciado desde el 15 de abril del año en curso, tal y como lo manifiesta por oficio el Sujeto Obligado, auditoría realizada por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla.”

Se advirtió además que, “de divulgar la información, generaría la imposibilidad de que se derive un procedimiento administrativo, obstaculizando el adecuado ejercicio de la administración de la justicia, pudiendo afectar las decisiones y deliberaciones de los auditores, perjuicio representado en el hecho que la reserva de dicha información”.

Versiones periodísticas han referido que el contrato SINFRA-PPS-2011/001 fue signado por cuatro secretarios de la administración estataldesde el 23 de noviembre de 2011: el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto; el secretario de Administración, José Cabalan Macari; el secretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente y el secretario de infraestructura, Antonio Gali Fayad; y obliga al estado a una erogación anual de 161.1 millones de pesos anuales (IVA incluido) durante el periodo pactado.