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La aprobación de la reforma a la Ley Orgánica Municipal confrontó a los diputados del PRI, Socorro Quezada Tiempo (PRD) y Julián Peña Hidalgo (MC) con las fracciones del PAN y Nueva Alianza, las cuales acusaron que las críticas hechas a la iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle tienen un trasfondo electoral.
El proyecto del ejecutivo estatal, que se aprobó con 28 votos a favor y 12 en contra (PRI, PVEM, Quezada Tiempo y Peña Hidalgo) prevé que se reconozca a los presidentes auxiliares como “coadyuvantes” para brindar el servicio del Registro Civil y una sanción de 8 años de cárcel si falsifican documentos públicos.
Cabe señalar que en 2013 el mismo Congreso retiró la facultad a las presidencias auxiliares para brindar estos servicios, lo que provocó protestas de ediles, encarcelamientos y un desalojo policiaco en San Bernardino Chalchihuapan, donde se hirió de muerte al niño José Luis Alberto Tehuatlie.
Legisladores se trenzan en debate
La discusión ente los legisladores se dio por aproximadamente 45 minutos, periodo en el que Julián Peña Hidalgo, coordinador de Movimiento Ciudadano, calificó de “tomada de pelo” la propuesta, y señaló a Jorge Aguilar Chedraui, líder del PAN, de encargar la defensa del dictamen a Susana Riestra Piña, de Nueva Alianza, así como los panistas Pablo Montiel Solana y Víctor León Castañeda.
Pablo Fernández del Campo, legislador del PRI, solicitó que el dictamen de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia se retirara del orden del día, petición que frenaron los diputados del bloque aliancista (PAN, Nueva Alianza, CPP, PSI y PT).
En la discusión del dictamen, la postura del PRI estuvo a cargo de Francisco Jiménez Huerta, quien acusó al bloque aliancista de frenar la iniciativa que él presentó en diciembre pasado, en la cual propuso devolver el servicio del registro civil a las 651 juntas auxiliares de la entidad.
“Actualmente la mayoría de las juntas auxiliares se encuentran coadyuvando con los ayuntamientos para la prestación de ese servicio básico (...) las juntas auxiliares no necesitan seguir como figuras decorativas o empleados de los ayuntamientos (…) no podemos consentir que se trate de sorprender a los habitantes de las juntas auxiliares con el argumento que les regresarán a las juntas auxiliares su registro civil”, señaló.
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En su turno, Socorro Quezada Tiempo afirmó que el 5 de junio -día de la elección a gobernador- la ciudadanía calificará la propuesta del ejecutivo estatal y la disposición de los diputados que decidieron dejar fuera del proyecto las peticiones de los presidentes auxiliares.
“. . . el 5 de junio la ciudadanía va a decir si estamos actuando bien o equivocadamente. Hoy con esta reforma se dice que le vamos a regresar atribuciones (a las Juntas Auxiliares). La Ley Orgánica era muy simple (…) hoy le ponemos una serie de trabas: les vamos a regresar el registro civil pero les vamos a poner trabas a los presidentes auxiliares ¿Y quién los escuchó? De nada sirve que los hayan oído si no los escucharon”, reprochó a los legisladores.
Darán 8 años de cárcel por falsificaciones
La perredista sostuvo que las Juntas Auxiliares están en el abandono como consecuencia de la reforma aprobada en diciembre de 2013 y que entró en vigor en enero de 2014, con la cual a los presidentes subalternos se les retiró la facultad de operar el Registro Civil.
El proyecto que se aprobó por mayoría de votos adiciona la fracción XVII del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, misma que en diciembre de 2013 fue derogada y que retiró facultad a los presidentes subalternos de ayudar en las funciones del registro civil.
En la fracción IX del artículo 231 del mismo ordenamiento se permitirá a los presidentes auxiliares “coadyuvar con las autoridades del Registro del Estado Civil de las Personas en términos de las disposiciones aplicables”.
La reforma al apartado citado puntualiza que los presidentes auxiliares “serán responsables penal y administrativamente por las faltas en las que incurran en la prestación de este servicio”.
La sanción que se impondrá a los ediles subalternos que incurran en falsificación de documentos públicos será de ocho años y multa de doscientos a mil días de salario, como lo propone el artículo 253 del Código Penal.
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