Con secuelas físicas, estudiantes desalojados de plantón en 2015

La recomendación 11/2015 de la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH) por el desalojo violento de 30 estudiantes que mantenían un plantón en el zócalo, no ha sido cumplida por el gobierno municipal encabezado por Antonio Gali Fayad, acusaron participantes de aquella manifestación.

Entre ellos, Esmeralda, estudiante de Enfermería, en la BUAP, fue golpeada en la cara y cabeza por encapuchados ---con un bat o una varilla-- cuando se encontraba escondida dentro de una casa de campaña, durante el desalojo del plantón que estudiantes habían montado para exigir derecho al uso de aulas universitarias.

A un año de los hechos y pese a la recomendación de la CDH Puebla para la atención médica, que autoridades municipales delegaron al DIF, Esmeralda sigue sin que especialistas revisen su caso.

A la fecha reveló que tiene dolores de cabeza intensos, pérdida de memoria momentánea y periodos de angustia, aunque asegura, existen compañeros que aún tienen secuelas más graves, como Magaly Sánchez Tapia, quien fue levantada por una camioneta, torturada y abandonada en un paraje junto con 8 estudiantes más.

Magaly, refirió, tiene una desviación en las vértebras y a la fecha sufre dolores insoportables por músculos contracturados, a ratos inmovilidad, incluso tiene problemas para levantarse de la cama.

Esmeralda apuntó que aunque asistió al DIF, personal que le atendió le dejó claro que no era médico. En su caso, aunque ha pasado un año, aún no tiene un diagnóstico confiable y reveló que no tiene los recursos para pagar un especialista.

DIF da por cumplido el compromiso

El pasado 27 de julio del 2015, la CDH Puebla emitió la recomendación 11/2015 en donde recomendó la atención médica y psicología a los afectados por el desalojo.

A más de seis meses de los hechos, el DIF Municipal giró el 27 de agosto del 2015 oficios a un domicilio común, dirigido “a todos los afectados”, manifestando estar en la disposición de otorgar servicio médico y psicológico en el edificio ubicado en la Colonia San Baltazar.

Hace un mes, el DIF emitió un oficio en el que daba por cumplido el primer punto recomendatorio sobre la atención médica y psicológica.

Al respecto, estudiantes manifestaron su inconformidad mediante un oficio a la CDH de Puebla, dado que, según ellos, no habían recibido ninguno de esos servicios.

Los estudiantes explicaron que luego de la agresión, los estudiantes tuvieron que solventar por sus propios medios atención médica inmediata, por lo que demandaron al organismo solventar los gastos hechos además de los próximos estudios, consultas y tratamientos.

“Aunque desconfiamos de las autoridades del municipio, por haber sido cómplices de los hechos del 8 de febrero, aun así, en ningún momento se rechazó el apoyo psicológico y médico por parte del DIF”, apuntó el vocero del movimiento.

El pasado 19 de agosto de 2015, el gobierno municipal informó haber acreditado ante la CDH Puebla, la realización de un taller de derechos humanos a los oficiales señalados por omisión; además, acreditaron que las autoridades del municipio colaboraran en el trámite de queja a contraloría y en el trámite de queja ante el ministerio público.