Congreso Federal ordena auditar programa de mototractores

México. D.F. Por considerar que existen elementos para suponer que el gobierno del estado de Puebla incurrió en diversas irregularidades en la compra y entrega de más de 2 mil 500 mototractores, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortará a la Cámara de Diputados local poblana, a realizar una auditoría al respecto. Además, ordenó que la Auditoria Superior de la Federación informe de los resultados al Congreso federal.

Luego de analizar la propuesta presentada por los senadores del PRI, en el sentido de que en la entidad poblana se habrían cometido posibles irregularidades con la adquisición de dichos mototractores, la Tercera Comisión, de la Comisión Permanente, avaló la petición de los legisladores priístas para que se investigue el caso.

La comisión dictaminadora coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, considerando procedente exhortar al Congreso del Estado de Puebla para que, allegándose de las dependencias de la entidad necesarias, realice un análisis minucioso sobre el programa de entrega de mototractores por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los recursos, indica el resolutivo.

La comisión también consideró necesario que las autoridades de la entidad que tengan injerencia en el tema y las de la Auditoria Superior de la Federación, realicen una investigación a fondo.

La dictaminadora presentará hoy miércoles ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el resolutivo para exhortar al Congreso del estado de Puebla, para que a través de su Órgano de Fiscalización Superior, realice una auditoría integral al programa de entrega de mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los recursos.

Se solicitará a la Auditoría Superior de la Federación que, en un plazo no mayor a 15 días, entregue a la Comisión Permanente un reporte en el que se detallen los avances en las acciones administrativas y legales interpuestas en contra de servidores públicos de la administración estatal, por anomalías identificadas en su informe de resultados de fiscalización de 2012.