Te puede interesar:
Congreso pide a Cholula informe sobre policía confeso de crimen
Seguridad
Puebla requiere manuales para uso de la fuerza letal: Guevara
“No es posible que la probable comisión de una falta administrativa derive en la muerte de un joven inerme”, advirtió el diputado federal
México. D.F. En el estado de Puebla se requieren manuales para el uso de la fuerza letal, así como revisar los procedimientos aplicables en la detención de presuntos infractores y delincuentes, “pues no es posible que la probable comisión de una falta administrativa derive en la muerte de un joven inerme”, advirtió el diputado federal Filiberto Guevara González.
Añadió que la incompetencia de las fuerzas de seguridad en la entidad poblana quedó al descubierto ante la muerte, primero del menor de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, en julio del año pasado en el poblado de Chalchihuapan; y ahora del joven de 18 años de edad, Ricardo Cadena Becerra, a manos del propio subdirector de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, Jaid Mothe Hernández, sin que en ambos casos se reparara el daño ocasionado a los familiares de las víctimas.
El diputado poblano del PRI destacó que si bien el policía municipal, Jaid Mothe Hernández, se entregó a las autoridades ministeriales admitiendo su responsabilidad por la muerte de Ricardo Cadena Becerra, se debe garantizar la realización de una investigación a fondo e imparcial que derive en sanciones ejemplares contra el responsable de ese crimen.
Pide que el Congreso condene asesinato de Ricardo Cadena
El legislador Filiberto Guevara presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo solicitando que éste órgano legislativo “condena el asesinato de Ricardo Cadena Becerra, a manos de un policía del municipio de San Pedro Cholula y exhorta al Gobierno del Estado de Puebla a que investigue el hecho y se sancione a quienes resulten responsables”.
Y ya subido en el ring del golpeteo electoral, al diputado poblano aprovechó para, mediante otro punto de acuerdo, acusar directamente al gobernador panista de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, por la represión contra jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín.
Lo anterior, pese a que legisladores locales y federales por Baja California ya han expresado su repudio a dicha agresión contra agricultores y exigido que se investigue la probable responsabilidad del gobernador de aquella entidad.