Jueves, 21 De Mayo De 2026 | Puebla

Sociedad

Diputados reclaman y gobierno justifica violaciones a derechos humanos

Roxana Luna recriminó la represión contra estudiantes de la BUAP, mototaxistas, opositores al gasoducto y pobladores de Chalchihuapan

Diputados reclaman y gobierno justifica violaciones a derechos humanos

Diputados federales reclamaron al secretario general de Gobierno del Estado de Puebla, Jorge Benito Cruz Bermúdez, la represión y persecución que en la entidad poblana se lleva a cabo contra todo aquel que discrepe del gobernador Rafael Moreno Valle, mientras el funcionario sostuvo que en Puebla existe paz social y se respetan los derechos humanos de todos.

Cruz Bermúdez, quien acudió a San Lázaro acompañado del Procurador General de Justicia del estado de Puebla, Víctor Carrancá, en representación del gobernador poblano para responder a los cuestionamientos de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, tuvo que escuchar reclamos por la aplicación de la Ley Bala y por la persecución y represión que, dijeron diputados del PRD y Morena, se aplica a los disidentes del gobierno estatal de Puebla.

Como respuesta, el funcionario poblano responsabilizó a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos por la aplicación de la Ley Bala en el estado de Puebla, pues aseguró que antes aplicar dicha ley, el gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle solicitó la opinión de la CNDH y ésta dio su aval para aplicarla en territorio poblano.

Abre fuego la oposición

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Fue la diputada poblana del PRD, Roxana Luna Porquillo, quien abrió fuego, pues aún no iniciaba formalmente el diálogo entre funcionarios poblanos y legisladores, cuando la diputada perredista cuestionó la presencia de tanta gente en esta reunión y en cambio, dijo, no se permitía el ingreso a algunas personas que llegaron con ella.

El portal del periódico La Jornada de Oriente reportó que los dos funcionarios estatales llegaron acompañados de 200 de sus colaboradores, quienes se trasladaron a bordo de cuatro autobuses de pasajeros que fueron estacionados a un costado del recinto de San Lázaro y ocuparon las sillas del recinto, por lo que los acompañantes de los legisladores no pudieron ingresar desde un principio.

Luego de que el presidente de la comisión legislativa, Heriberto Galindo, aclaró que no había consigna al respecto y de ordenar que se permitiera el libre acceso, inició el reclamo de legisladores del PRD y del grupo de Morena, sobre todo por la aplicación de la Ley Bala y el desalojo violento de estudiantes en el zócalo poblano.

“La Ley Bala es contraria a los derechos humanos y a los derechos de cualquier nación civilizada, una ley similar se redactó en la época de Franco y el Tribunal Superior de Justicia de España ha declarado en varias ocasiones que no debería aplicarse”, advirtió la diputada de Morena, Loretta Ortiz.

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Recordó que en el caso de Puebla, muchos grupos sociales se opusieron, al grado de que la legalidad de dicha ley está en el limbo.

En su oportunidad, la diputada del PRD, Roxana Luna, recriminó la represión contra estudiantes que mantenían un plantón en el zócalo de Puebla, así como la represión que se ejerce contra comunidades que se oponen a proyectos del gobierno estatal. Y también recordó que la autoridad estatal violó el amparo de la justicia federal a favor de mototaxistas en la entidad.

Recriminó también que existan presos políticos en Puebla. Y recordó que el gobierno estatal no ha dado respuesta a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara baja para que el gobierno de Moreno Valle dé a conocer los protocolos de seguridad pública que se aplican en el estado.

Desprecio a la reunión con diputados

Pero fue el también diputado perredista, Roberto López Suárez, quien realizó las críticas más severas al gobierno del estado de Puebla, al calificar como “vergonzoso y evidente el desprecio del gobernador Rafael Moreno Valle” al no asistir personalmente a esta reunión de trabajo con diputados federales y en su lugar enviar al encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno.

Recalcó que es preocupante la persecución en contra la ciudadanía poblana y prueba de ello, dijo, es que hay al menos 134 presos políticos en esta entidad, además de manifestantes fallecidos y heridos.

Insistió en que la Ley Bala tiene carácter fascista. Al tiempo que cuestionó que el gobierno estatal poblano no haya dado total cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH, como lo advierte el propio ombudsman nacional.

Cuestionó también que no se haya destituido al secretario de Seguridad Publica, Facundo Rosas, y el por qué no se ha iniciado un proceso de investigación contra el Procurador de Justicia, Víctor Carrancá, “pues ni siquiera asistió al espacio físico de San Bernardino (Chalchihuapan) a investigar el asesinato del menor Luis Alberto el día 9 de julio”, dijo.

“¿Con qué argumento legal se liberó a los policías que dispararon cartuchos? ¿Considera usted que una disculpa a las víctimas sin estar presentes, puede ser considerada como que el gobierno del estado está dando cumplimiento a esa recomendación de la CNDH? Si es cierto que el gobierno de Puebla privilegia el diálogo, ¿por qué en lugar de utilizar balas de goma, no se hizo una mesa de trabajo antes?”, cuestionó al funcionario poblano.

Por último, aclaró que las recomendaciones que la CNDH hizo al gobierno del Puebla dejan en claro que “a todas luces que el gobierno del estado de Puebla no está de acuerdo con las manifestaciones públicas”.

En Puebla no hay perseguidos

En su oportunidad, Benito Cruz Bermúdez, reiteró que “en Puebla no existen personas perseguidas por sus ideas o posturas políticas, lo que sí existe es un marco legal institucional que permite procesar a presuntos responsables de delitos del fuero común, quienes quiera que sean”, dijo.

Añadió que en Puebla “hay libre manifestación de ideas y de ideología, pero cuando estas libertades llevan a la comisión de delitos, como incendiar patrullas y arrojas explosivos, eso transgrede el orden social y es necesario que el estado actúe”, insistió.

Respecto a la aplicación de la Ley Bala, aseguró que se aplica conforme a lineamientos aprobados por la Naciones Unidas, además de que cuenta con el aval de la propia CNDH.

Aseguro que en el gobierno de Puebla consultó con la CNDH la aplicación de la Ley Bala “y nos respondió que no transgredía, que no era violatoria de los derechos humanos la aplicación de esta ley”, dijo, y añadió que dicha consulta a la CNDH se realizó el 30 de junio de 2014.

Sobre el violento desalojo de estudiantes en el zócalo de Puebla, sostuvo la versión de que se trató de un enfrentamiento entre estudiantes y de ninguna manera fue una agresión del gobierno estatal, versión que no aceptaron los legisladores.

Respecto al caso Cholula, aseguró que no se trabaja en la construcción de un parque de diversiones, sino en un esquema de mejoramiento urbano y se hace en coordinación con el INAH.

Ya casi al finalizar la reunión de trabajo, se permitió el ingreso a un grupo de personas procedentes del estado de Puebla quienes portaban tres mantas con las leyendas:

“¡Presos políticos libertad! Simitrio Atl Rubén libertad”.

“Libertad a los defensores de Cholula”.

“Alto a Rafael Moreno Valle y su gobierno represor, disfrazado de democrático, civil y respetuoso de la ley y de los derechos humanos”.

Confirma detención de Sarabia en el DF

Por último y en su única participación, el Procurador de Justicia, Víctor Carrancá, confirmó que la detención del hijo del señor Sarabia sí fue detenido en el Distrito Federal, pero aclaró que ello respondió a los acuerdos de colaboración entre ambas procuradurías de justicia.

Respecto al desalojo de estudiantes en el zócalo de Puebla, aseguró que ya se analizan videos tomas en las zonas aledañas y están siendo analizados por los servicios periciales de la procuraduría poblana y, de ser necesario, se enviarán a servicios periciales de la PGR en donde tiene un equipo mucho más sofisticado.

Pero “se deslindarán responsabilidades y se ejercerá acción penal contra quien resulte responsable”, aseguró.