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Seguridad
Pidió CNDH medidas cautelares para ediles auxiliares presos
Ello podría agilizar para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraiga los casos
Los alcaldes auxiliares de Chalchihuapan, Canoa y La Resurrección también fueron incluidos en las medidas cautelaras que recientemente solicitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno poblano para proteger a presos políticos y a personas con órdenes de aprehensión.
El resolutivo podría agilizar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraiga los casos y también requiera a la administración estatal medidas cautelares para activistas que fueron apresados en el transcurso de 2014.
Así lo informó durante una entrevista vía telefónica la diputada federal Roxana Luna Porquillo, quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja.
La legisladora explicó que además del dirigente de la Unión de Vendedores Populares (UVP) 28 de Octubre, Rubén Sánchez Sarabia, alias “Simitrio”, y de los integrantes de esta agrupación Xihuel Sarabia Reyna y Atl Tonatiuh Rubén Sarabia, la CNDH también solicitó medidas cautelares para los ediles auxiliares de Canoa, La Resurrección y Chalchihuapan.
Los ediles de estas demarcaciones, Raúl Pérez Velázquez, Leonardo Sabino Báez Serrano, Jairo Javier Montes Bautista, respectivamente, fueron arrestados entre octubre y diciembre, sin que durante su detención fuera presentada una orden de aprehensión. Actualmente se encuentran presos.
En este sentido, la legisladora –de extracción perredista– señaló que con las condiciones de las aprehensiones de los alcaldes, la administración estatal violentó las medidas cautelares solicitadas por la CNDH, pues aunque estas no impiden que sean sujetos a procesos penales, sí requieren que sus derechos humanos sean respetados, hecho que no ocurrió.
No obstante, los resolutivos también indican que la Comisión será observadora de los procesos penales que el gobierno poblano sigue en contra de los ediles y los integrantes de la 28 de Octubre.
Por lo anterior, los dictámenes emitidos por la CNDH servirán para demostrar que hubo violaciones a las garantías individuales de los llamados presos políticos, con lo que se podría incidir en favor de los mismos en los procesos penales que la administración estatal sigue en su contra.
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De igual manera, coadyuvarán para la que la CIDH atraiga los casos y también solicite protección para los afectados.