Como una “gran mentira” y “farsa” consideró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, la versión que creó el gobierno del estado de Puebla para hacer creer que la onda expansiva de un cohetón fue lo que causó la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Entrevistado este jueves en el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, aseguró que recibió presiones para que creyera en esa teoría, sin embargo reiteró que el golpe que recibió el menor fue provocado por un cilindro de gas lacrimógeno disparado por un policía estatal, tal como lo asentó en la recomendación 2VG/2014.

Plascencia Villanueva sostuvo que la investigación de los hechos se llevó a cabo con oportunidad y profesionalismo para llegar a la verdad y con el fin de proteger a las víctimas.

Recordó que durante semanas circuló la versión de que el niño José Luis Tehuatlie murió como consecuencia de un cohetón que fue disparado por los propios pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, que se enfrentaron contra los agentes estatales el 9 de julio, cuando se realizaba su desalojo de la autopista a Atlixco.

Asentó que ello se incluyó en un peritaje que fue presentado por el Procurador de Justicia de Puebla, Víctor Carrancá Bourguet, pero “después de investigar debidamente este asunto logramos demostrar que esto era una gran mentira, una farsa, una versión oficial que se había construido para hacer parecer los hechos de una manera distinta a como acontecieron”.

El aún ombudsman, que busca su reelección al frente del organismo, confió que tuvo “diversas presiones” –sin precisar su origen- para caer en la idea que se trataba de un cohetón lo que originó la muerte del menor, “y lo que demostramos fue lo contrario. Se trató de una cápsula, un cilindro, de esos que contienen gas lacrimógeno, accionado por un policía, lo que impactó a este niño y a otras 8 personas más”.

El funcionario insistió en que el caso fue investigado con seriedad, oportunidad y profesionalismo por parte de visitadores adjuntos, abogados, peritos criminalistas y médicos forenses.

Cabe señalar que producto de la investigación, la CNDH emitió 11 recomendaciones al gobierno del estado de Puebla, que supuestamente ya se cumplieron, aunque la administración no ha detallado cómo lo hizo e incluso clasificó como reservada la información sobre las sanciones a los funcionarios involucrados y los detalles del fondo económico para la reparación del daño a las víctimas.