El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza Longoria, condenó los intentos de regular los derechos ciudadanos a la libre expresión y manifestación por parte del gobierno mexicano y poblano, cuando lo que se debe controlar es la actuación de la policía para que no haya agresiones contra ciudadanos, activistas y periodistas.

Así lo expuso Álvarez Icaza durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la criminalización de la protesta social y las agresiones constantes a manifestantes en México, que se realizó este jueves en la ciudad de Washington, en Estados Unidos.

A través de la transmisión vía internet de la reunión, se apreció que el representante del gobierno de Puebla, José Montiel Rodríguez, admitió que la Ley Bala es "defectuosa" y que no se tomaron en cuenta los "daños colaterales" de la aplicación de la misma.

Gobierno criminaliza protesta

Durante la audiencia, integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social que solicitaron la intervención del organismo, denunciaron la intención de gobiernos estatales en México por inhibir y controlar la protesta social a través de leyes o códigos penales.

Expusieron que diez estados promovieron iniciativas para controlar las manifestaciones con medidas como: el previo aviso, el impedimento de usar ciertas vialidades o sólo uno de los carriles, lo cual antepone el derecho de libre tránsito al de protesta.

También se mencionó que la llamada Ley Bala, en Puebla, permite el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas.

Emilio Álvarez Icaza cuestionó entonces la política gubernamental de México y Puebla por regular los derechos humanos y a los ciudadanos, pero no hacer lo propio con las fuerzas de seguridad que golpean a defensores de los derechos humanos, periodistas o ciudadanos.

 

Chalchihuapan, caso emblemático

Stephanie Erin Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), apuntó que los casos más graves son las detenciones de activistas y periodistas en las manifestaciones en la ciudad de México, así como la muerte del niño de 13 años José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo por el impacto de una lata de gas lacrimógeno durante el desalojo de la autopista Puebla- Atlixco el 9 de julio.

Brewer planteó que en el caso de Puebla también hubo un intento por parte del gobierno poblano, a través de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), de culpar a los propios manifestantes de la muerte de José Luis, falseando los hechos.

Además de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deslindó de los hechos al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y avaló la Ley Bala.

De igual forma Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19, destacó que continúa la represión del gobierno estatal a los pobladores Chalchihuapan, pues el sábado 18 de octubre policías ministeriales arrestaron a cinco habitantes.

No se tomaron en cuenta daños colaterales de la Ley Bala

José Montiel, encargado de Despacho de la Subsecretaría Jurídica y quien rindió las disculpas públicas por el caso de San Bernardino Chalchihuapan, dijo durante su intervención en la CIDH que el gobierno no tomó en cuenta "los daños colaterales" de la Ley Bala, como fue el deceso de José Luis y las heridas graves a más de diez personas.

Aseguró que la Ley Bala no busca regular las manifestaciones sino el uso de la fuerza pública, sin embargo "puede ser defectuosa" y tendrá que ajustarse en el Congreso del estado, que analiza su abrogación.

El funcionario insinuó que el gobierno estatal no es el responsable de la detención de Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez Varela, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes García el 18 de octubre, sino que fue en obediencia a la recomendación de la CNDH.

Organizaciones piden garantías

Miguel Pulido, director del Centro de Análisis e Investigación Fundar, pidió a nombre de todo el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social que la Comisión Interamericana viaje a México para que verifique el cumplimiento de las recomendaciones en la materia.

Además exija al gobierno federal que garantice la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión abrogando los tipos penales que criminalizan la protesta social, así como la liberación de los ciudadanos recluidos en el contexto de manifestaciones. En Puebla hay más de 40 integrantes de movimientos sociales detenidos.