Puebla investiga desvío de recursos en sexenio de Marín

El gobierno de Puebla realizará una investigación sobre el presunto desvío de recursos que funcionarios del anterior sexenio habrían realizado en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), señaló el gobernador Rafael Moreno Valle, quien sentenció que en caso de que estas se comprueben, se establecerán las sanciones que marque la ley.

El mandatario prefirió no abundar en la información con la que hasta ahora cuenta la Secretaría de la Contraloría (SC) sobre el caso, al señalar que se trata de una investigación que está en curso, sin embargo aseguró que habrá un seguimiento puntual de la misma.

Este martes el diario El Sol de Puebla dio a conocer que de acuerdo con una indagatoria que realiza la SC, funcionarios de la anterior administración estatal a cargo de Mario Marín Torres, tales como Valentín Meneses Rojas, Víctor Sánchez Ruiz, Gerardo Mejía Ramírez, Lauro Sánchez López y Gerardo Pérez Salazar, habrían desviado recursos públicos del principal programa social de esa gestión, denominado “Unidos para Progresar”.

La versión del rotativo indica que entre 2008 y 2010, los ex servidores públicos habrían falseado información sobre la entrega de apoyos a familias de escasos recursos, provenientes del esquema mencionado, para en el que en ese periodo se destinaron 800 millones de pesos.

Le darán seguimiento al asunto

Cuestionado sobre el tema durante una entrevista que Moreno Valle concedió después de la inauguración del Museo Tesoros de Catedral, señaló que al tener conocimiento del asunto, pidió al contralor Malcom Alfredo Hemmer Muñoz que se siguiera una investigación y que en su caso se finquen las sanciones que la ley establezca.

“Le marqué por la mañana –al contralor– y le dije que le diera seguimiento al asunto”, acotó.

Durante su campaña hacia la gubernatura en 2010, Moreno Valle ofreció sanciones para los integrantes de la anterior administración estatal a los que se les comprobará una posible malversación de fondos públicos.

Sin embargo, al llegar al gobierno estatal, el mandatario suavizó su discurso sobre si emprendería sanciones o no en contra de Mario Marín y de los funcionarios de esa administración, al señalar que nunca “torcería” la ley para emprender venganzas políticas.

Posteriormente, la nueva administración fincó responsabilidades en contra del ex secretario de Salud Alfredo Arango García, por el delito de enriquecimiento ilícito, pero el 28 de diciembre de 2013 fue puesto en libertad, tras pagar una multa de un millón y medio de pesos, por una pena conmutable de cuatro años en prisión.

Hasta ahora, Arango es el único funcionario de la administración marinista que ha sido encarcelado por incurrir en desvío de recursos públicos.