La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al gobierno de Guerrero y a la Procuraduría General de la República (PGR), adoptar medidas cautelares con el propósito de evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos o la producción  de daños de difícil reparación en la investigación de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, en los cuales 6 personas perdieron la vida, 30 fueron lesionadas y 43 se encuentren en condición de desaparecidas.

A dichas instancias solicitó instruir que los encargados de llevar a cabo el levantamiento, identificación, manejo y conservación de cadáveres y hallazgos, ubicados en fosas clandestinas en esa entidad federativa, tomen las medidas para custodiar y preservar debidamente los mismos, así como el lugar de los hechos, las pruebas, evidencias e indicios que se obtengan en el curso de las investigaciones y evitar que dicha información sea manipulada, alterada o sustraída.

Sin prejuzgar por tales acontecimientos, para la CNDH es muy importante que tanto la PGR como la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, atiendan adecuadamente a las víctimas, por ello es fundamental que en el momento en que tengan información respecto de la identidad de los cadáveres encontrados en fosas clandestinas, lo comuniquen inmediatamente a sus familiares, así como de los avances respecto de las investigaciones iniciadas, garantizándoles en todo momento un trato digno y la asistencia que requieran.

Al gobierno estatal le solicitó en particular, garantizar que las investigaciones realizadas en relación con las personas que han sido privadas de la vida y encontradas en fosas clandestinas en la entidad y permanecen sin ser identificadas, contengan un marco mínimo necesario para llevar a cabo una debida procuración de justicia, así como una adecuada y rápida identificación de los cadáveres; asimismo, observar las obligaciones de coordinación con otras autoridades, en términos de lo que establece la Constitución, la Ley y los estándares internacionales en la materia.

Este Organismo público autónomo solicitó estas medidas precautorias por un plazo de 30 días, el cual podrá ser prorrogado por el tiempo que resulte necesario, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 118 de su Reglamento Interno; las autoridades pueden responder al requerimiento en un plazo de 2 días contados a partir de su notificación.

La CNDH continuará con su investigación de violaciones graves a derechos humanos, para conocer lo que ocurrió en el municipio de Iguala, así como la desaparición de los estudiantes, se indicó en un comunicado.