El PRI modera sus críticas a RMV por caso Chalchihuapan

Aunque los diputados federales y senadores del PRI calificaron al gobierno de Rafael Moreno Valle como “represor” tras el enfrentamiento de policías estatales y habitantes de Chalchihuapan, la presidenta estatal, Ana Isabel Allende Cano aseveró que su partido “dará el beneficio de la duda” para que el mandatario cumpla con las 11 recomendaciones que la CNDH emitió por el caso.

Tras presentar a los próximos integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE), Allende Cano manifestó que antes de hacer señalamientos, su partido esperará a que la administración acate lo orden que el organismo autónomo dio a conocer el pasado 11 de septiembre, tras investigar las causas de la muerte del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, quien fue herido en la cabeza durante el enfrentamiento entre policías estatales y habitantes de Chalchihuapan.

"Esperamos que se cumpla el plazo, seguimos pendientes, no es un tema en donde nos vayamos a quedar sin ninguna postura, simplemente hemos dado el beneficio de la duda para que se cumpla", arguyó la también legisladora federal.

Sin embargo, al cuestionarla si desde el Senado el PRI podría impulsar un juicio político en caso de incumplimiento, la priísta aseveró que primero se tendrían que revisar los "temas jurídicos".

Asimismo, negó que exista un acuerdo entre el Revolucionario Institucional y Moreno Valle, para que el partido tricolor no emita opiniones al respecto, esto luego de los señalamientos hechos por las bancadas priístas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República tras los hechos de Chalchihuapan.

El próximo 23 de octubre se vence el plazo que la CNDH dio al gobierno del estado para cumplir con 11 recomendaciones que surgieron de la investigación hecha al caso Chalchihuapan.

La CNDH determinó que durante el operativo de desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, los policías estatales realizaron prácticas de violencia excesiva contra habitantes de la junta auxiliar, además de señalar que el gobierno estatal debe ofrecer disculpas públicas a Elia Tamayo, madre de José Luis.

Además se ordenó al gobierno a crear una fiscalía especial para investigar lo sucedido el 9 de julio, día del enfrentamiento entre pobladores y policías, punto que hasta el momento es el único que se ha cumplido.