ONG: Puebla, polvorín que puede estallar; exigen destituir a Facundo Rosas

Representantes de organizaciones no gubernamentales a nivel nacional exigieron al gobernador Rafael Moreno Valle la destitución del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por su responsabilidad en el caso del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

Las organizaciones pidieron además transparencia e imparcialidad en la indagatoria judicial, así como también dar marcha atrás al retiro de la administración de las funciones del Registro Civil a las juntas auxiliares, pues señalaron que por ese asunto y por una “cadena de gobierno autoritario”, el estado de Puebla es un “polvorín” que puede estallar en cualquier momento.

Los representantes de organizaciones no gubernamentales como Article 19, Alconsumidor A.C., Contingente MX, Dejemos de Hacernos Pendejos (DHP), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C y del Centro Nacional de Comunicación Social A.C (Cencos), exhortaron a Moreno Valle a no “privilegiar una carrera presidencial” y dar celeridad y transparencia a las investigaciones que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) lleva a cabo sobre el fallecimiento de Tehuatlie Tamayo.

Al ofrecer una conferencia de prensa en las instalaciones de Cencos, en el Distrito Federal, los activistas anunciaron que buscarán que instancias internacionales coadyuven en las investigaciones, a fin de que estas se realicen de manera objetiva.

Tehuatlie Tamayo falleció el 19 de julio, después de que el 9 de julio sufrió una lesión en la cabeza, presuntamente por un proyectil con punta de goma que fue lanzado cuando policías estatales dispersaron un bloqueo que pobladores de la junta auxiliar de Chalchihuapan en Santa Clara Ocoyucan realizaban en la autopista Puebla-Atlixco para exigir les restituyeran la oficina del Registro Civil.

Exigen a RMV destituir a Facundo Rosas

En la conferencia de medios, Daniel Gershenson de Al consumidor A.C. exigió a Moreno Valle la inmediata destitución del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Facundo Rosas Rosas, pues consideró que el funcionario es responsable de los hechos violentos suscitados el pasado nueve de julio, que culminaron con el fallecimiento de un niño de 13 años y más de medio centenar de heridos, entre pobladores y efectivos policiacos.

Criticaron que a casi 20 días de los hechos, el gobierno del estado no haya reconocido su responsabilidad en el asunto y por el contrario, se trate de enturbiar la información que hay sobre lo ocurrido.

Simón Hernández del Centro Pro, acusó que Rosas Rosas no actúa de manera veraz, pues señaló que la SSP no cuenta con armas que disparen balas de goma, cuando existen elementos que indican lo contrario, por lo que insistió en que el funcionario debe ser cesado del cargo.

En tanto, Leopoldo Maldonado de Article 19 cuestionó el por qué hasta ahora la SSP no ha hecho públicos los protocolos de actuación que utilizó durante la dispersión de la manifestación.

Puebla, “polvorín que puede estallar”

En este contexto, señalaron que es necesario que el gobernador retroceda y restituya a las juntas auxiliares las funciones del Registro Civil, pues el no hacerlo se suma a una “cadena de gobierno autoritario” que convirtió a Puebla en un “polvorín” que puede estallar en cualquier momento.

Asimismo, señalaron que Moreno Valle no puede seguir “privilegiando una carrera presidencial” y no atender el asunto de Chalchihuapan, pues debe garantizar transparencia en la investigación y sanciones para los responsables del fallecimiento del menor.

Cuestionaron que a casi 20 días de distancia el gobierno de Puebla no haya ofrecido una disculpa a la familia del menor fallecido, pero en contraste sí ofreció dádivas a la madre del mismo, Elia Tamayo Montes, a fin de que responsabilice de los hechos a los pobladores.

“No puede seguir priorizando su carrera presidencial, sus campañas en medios, no puede seguir sometiendo a medios locales”, señalaron.

Recurrirán a instancias internacionales

Los activistas previeron que habrá una actuación parcial en los dictámenes del caso que emitirán las comisiones de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) y Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues existen vicios de ello ya que los titulares de ambas instancias Adolfo López Badillo y Raúl Plascencia Villanueva, respectivamente, sostienen una relación cercana con el gobernador poblano.

Por ello, anunciaron que solicitarán a organismos internacionales sean coadyuvantes en las indagatorias del caso, a fin de que garanticen objetividad en las mismas.

Por otra parte, informaron que continuarán con la presentación de amparos contra la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública mejor conocida como Ley Bala –que sirvió como marco para el desalojo de la manifestación en cuestión–, a fin de sentar un precedente sobre la inconstitucionalidad de la misma, pues recordaron que han ganado dos recursos.

Finalmente Maite Azuela de DHP lamentó que únicamente el 80 por ciento de los medios de comunicación locales han dado seguimiento al tema de Chalchihuapan y la abrogación de la Ley Bala, pues el resto privilegia temas oficialistas.