Fui acusado sin pruebas en San Andrés Cholula: Felipe Velázquez

Sin pruebas contundentes y únicamente indicios de lo que podría revelar una irregularidad administrativa, la Contraloría de San Andrés Cholula informó sobre la inhabilitación de José Felipe Velázquez Gutiérrez, ex secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de la gestión 2008-2011, por lo que ahora el ex contralor municipal, José Salomón Fuentes Morales, enfrenta una denuncia penal como servidor público y como ciudadano, que ya fue atraída por la Procuraduría General de la República (PGR).

El 14 de febrero pasado, a unas horas de la entrega-recepción entre el ex presidente interino Jesús Romero Toxqui y el edil entrante, Leoncio Paisano Arias, la Contraloría Municipal decidió emitir oficios dirigidos a la Secretaría de la Contraloría del Estado, informando sobre la inhabilitación de varios servidores públicos del trienio anterior, entre quienes se encontraba Velázquez Gutiérrez, referente a procesos administrativos que durante los tres años de gobierno nunca pudo cerrar.

En el oficio CM_107/2014 el ex contralor informó "de manera preventiva" a María Catalina Daza Hernández, encargada de Despacho de la Contraloría Estatal, que fueron inhabilitados por el órgano municipal Carlos Cárdenas Ramírez, José Felipe Velázquez Gutiérrez, Miguel Ángel Macip Molina y José Héctor Huerta Calvario; "aclarando que las resoluciones administrativas no han quedado firmes", pero sin explicar los motivos.

Por ello, el 19 de febrero de 2014 la Secretaría de la Contraloría emitió una Constancia de No Inhabilitado a petición de Velázquez Gutiérrez, por no encontrar inscripción y registro de que hubiese sido inhabilitado para el desempeño de un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

El caso condujo al ex funcionario a revisar, con apoyo de sus abogados, el expediente 05/2011 hallando que el oficio enviado al estado jamás fue anexado al expediente, lo que representa, además, una irregularidad administrativa cometida por la Contraloría municipal, en su prisa por delegar responsabilidades al gobierno entrante.

El caso fue cerrado finalmente el 1 de abril de 2014 por la administración de Leoncio Paisano, luego de que un juzgado de distrito exigiera mediante amparo a la actual autoridad fundamentar y motivar legalmente las observaciones o dictar una sentencia en otro sentido sobre el proceso administrativo abierto tres años antes contra Velázquez Gutiérrez, por lo que al carecer de pruebas que respaldarán la decisión tomada por el ex contralor y habiendo prescrito la facultad para imponer sanciones, decidió dejar “insubsistente” el auto del 12 de abril del 2013, tomando por recibidos los argumentos del ex funcionario y dejando de esta forma sin efecto la presunta inhabilitación.

Busca Velázquez limpiar su imagen

La cita fue a las 12:00 del día del jueves 29 de mayo en un café de la 31 oriente de la ciudad de Puebla, donde después de unos minutos se estacionó un Audi negro de modelo reciente del que bajó un sujeto vestido con un traje azul marino. Era José Luis Zimbrón, el abogado del ex funcionario, quien -dijo- no tardaría en llegar.

Instantes después sobre la avenida apareció Felipe Velázquez a bordo de una camioneta cerrada de color blanco, sin chofer ni acompañantes. Enfundado en un saco oscuro, camisa azul y sin corbata se apresuró a saludar.

Inhaló y exhaló fuertemente como disipando la tensión y contó su historia: “Sobre la serie de observaciones hechas por la Contraloría de San Andrés, todas fueron respondidas en su momento ante la comisión y por ello el caso ya quedó cerrado, sin inhabilitación ni multa en mi contra”.

Acerca de las 65 licencias para anuncios y espectaculares que de acuerdo con el expediente 05/2011 fueron entregadas aun sin estudios o documentación completa, explicó que se trataron de permisos expedidos por la administración que le antecedió, mismos que comenzaron a ser retirados tras el cambio de administración; sin embargo, por los altos costos que significaba al municipio la desinstalación de cada espectacular (alrededor de 80 mil pesos) decidieron regularizar los existentes, pero retirar aquellos que representaban un riesgo para la población.

Con relación a las áreas verdes que debieron solicitarse en donación a los desarrolladores de fraccionamientos y departamentos, sostuvo que en caso de haberse concretado, el Ayuntamiento asumía responsabilidades que estaban fuera de la capacidad, pues debía brindar servicios públicos como el de limpieza a las áreas comunes, calles, andadores y hasta pasillos de los departamentos. Sin embargo, dijo, se corroboró que contaran con espacios adecuados.

Durante la entrevista, Velázquez Gutiérrez detalló las observaciones de la Contraloría e hizo énfasis en los recursos recibidos por el municipio mediante los programas PRODDER y Prosanear para la perforación de un pozo profundo de agua potable en Camino a Morillotla y para el saneamiento de aguas, respectivamente, los cuales ascienden a casi un millón de pesos y que habrían sido recibidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a su cargo en ese tiempo.

Subrayó que la dependencia no recibió esos recursos y mucho menos los administró. Prueba de ello –dijo- es que no existe un solo documento que haga referencia a que recibió el recurso o que dispuso de éste en algún momento.

Finalmente sobre los carnets entregados a distintos ingenieros y arquitectos, el ex funcionario aclaró que no corresponden a contratos de personal para el municipio, sino de licencias que se entregan a profesionistas que lo solicitan para desempeñar su trabajo en obras particulares en la demarcación.

No obstante, reconoció que las credenciales fueron entregadas aun cuando los beneficiaros carecían de documentos que acreditaran completamente su experiencia, argumentando que esto ocurrió debido a que el propio municipio no ha implementado o promovido los cursos de especialización, contrario a lo que ocurre en Atlixco o Tehuacán, donde sí existen colegios de arquitectos.

Una vez terminado su relato, el ex funcionario dio paso a la intervención de su abogado, quien explicó el proceso administrativo hasta llegar a su terminación.

José Luis Zimbrón señaló además que una vez que ha concluido el proceso administrativo que involucraba a su cliente, decidieron interponer la denuncia penal en contra del ex contralor de San Andrés, José Salomón Fuentes Morales, por la omisiones cometidas al emitir una inhabilitación sin tener una sola prueba, causando además daño a la imagen pública de Velázquez Gutiérrez. El caso, destacó, ya fue atraído por la comisión especializada en delitos cometidos por servidores públicos.

Este último punto fue reforzado por el ex funcionario, quien sonrojado por momentos, aceptó haber perdido algunas propuestas de trabajo a causa de las acusaciones que se le imputaban, e incluso sentirse afectado en su vida privada.

El caso, una papa caliente entre contralores

Tras el proceso de entrega-recepción de las administraciones municipales de los ex presidentes David Cuautli Jiménez y Miguel Ángel Huepa Pérez, el ex secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, fue citado a comparecer el 29 de abril del 2011, a fin de que respondiera a las observaciones hechas por la comisión encargada y a petición de su sucesor en el cargo, Arnulfo Aurioles Gamboa, mismas que días después fueron respondidas por escrito ante el órgano municipal, quedando el expediente abierto.

Sin embargo, al carecer de una respuesta de la autoridad municipal sobre lo respondido, para octubre de ese año Velázquez Gutiérrez solicitó una opinión oficial, pero ésta no fue emitida por la Contraloría municipal sino por el entonces secretario de Desarrollo Urbano.

Fue hasta el 21 de marzo de 2013 cuando el ex funcionario solicitó formalmente dictar resolución de manera inmediata ante la prescripción –de un año- de la facultad sancionadora y ante la inactividad procesal del órgano municipal respecto a su juicio; pero ante la falta de respuesta, el afectado tramitó el amparo federal 492/2013-IV ante el juzgado séptimo de distrito que fue resuelto hasta el 27 de febrero de 2014.

El caso que no pudo resolverse durante la gestión de Miguel Ángel Huepa Pérez, fue retomado por el alcalde interino Jesús Romero Toxqui, bajo la actuación de José Salomón Fuentes Morales, quien firmó una inhabilitación “preventiva”, dejando sin resolución el tema para que fuera analizado por la administración del edil entrante, Leoncio Paisano.

Por ello, tres años después de iniciado el proceso, tuvo que ser cerrado por la actual contralora Nadia Hernández Acosta, que determinó archivar como “asunto totalmente concluido” con la explicación de que las supuestas irregularidades administrativas “consagran simples aseveraciones… porque no cuentan con soporte documental”. De igual forma determinó que no se causó daño al erario público, porque se trata de irregularidades que no son traducibles en dinero.