Ministeriales ejecutan detención ilegal y golpean a víctima: CDHE

Tras acreditar que la Policía Ministerial del estado golpeó a un ciudadano hasta lesionarlo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHE) emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por violaciones a los derechos humanos y otros abusos policiacos.

Tras realizar una investigación, en la cual se lograron sustentar las vejaciones cometidas por los policías, el organismo defensor emitió la recomendación 13041/2012-I, a fin de que la PGJ tome las medidas necesarias para hacer la reparación de los daños al agraviado y prevenir otras violaciones a los derechos humanos por parte de la citada corporación.

De acuerdo con el expediente, el 27 de noviembre de 2012, alrededor de las 7:30 horas, el afectado guardaba algunas cosas en su vehículo, cuando de momento arribaron dos agentes ministeriales al sitio donde se encontraba y lo empezaron a golpear.

Durante la indagatoria de la CDHE, la PGJ intentó defenderse argumentando que los policías pretendían dar cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de fraude genérico y responsabilidad técnica; sin embargo, este mandamiento judicial ya había sido suspendido por un amparo que interpuso el quejoso, mismo que exhibió a los agentes el documento, pero en respuesta éstos lo hicieron pedazos.

En su versión, el agraviado relató que los ministeriales lo agredieron y lo empujaron "al interior de las oficinas de la central de Telmex donde lo golpearon en la cara, subiéndolo posteriormente a un vehículo color blanco, dando varias vueltas a bordo de dicha unidad para después llevarlo a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lugar en que también fue golpeado, ya que cuando se acercaron a él, le pegaron en la cara con la cacha de la pistola y uno de los policías le pegó en la cara con el anillo que llevaba", detalla la CDHE.

"No le permitieron realizar una llamada telefónica, además de que le robaron un portafolio de vinil, de color negro, en el cual llevaba todos sus documentos personales, constancias laborales, diplomas de trabajo, certificado de primaria, pasaportes, uno mexicano y otro americano, entre otros; que durante la detención les mostró a los elementos de la Policía Ministerial un documento en el cual se hacía constar que tenía un amparo contra la orden de aprehensión; sin embargo, esas personas hicieron caso omiso y rompieron el documento", sostiene.

La PGJ también trató de negar lo ocurrido y justificó la violencia y uso de la fuerza que ejercieron los policías, señalando que el agraviado se tornó agresivo y se les lanzó a cabezazos, por lo que tuvieron que forcejear y, en consecuencia, se vieron en la necesidad de aplicarle técnicas de sometimiento y ponerle 'los candados de mano' (esposas) para su propia seguridad y la de ellos.

La CDHE relata en el expediente que, una vez en las instalaciones de la PGJ, los ministeriales acudieron a la oficina de Mandamientos Judiciales, donde verificaron que la orden de aprehensión ya estaba suspendida; sin embargo, hicieron caso omiso y mantuvieron a la víctima privada de su libertad durante varias horas, sin motivo alguno.

Además, el agente del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur inició una constancia de hechos, que después se elevó a averiguación previa por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, cometido presumiblemente por el detenido.

La Comisión expone que, durante la investigación del caso, se llevó a cabo una diligencia en la que se constataron diversas lesiones en varias partes del cuerpo y cara del quejoso. Asimismo, documentó que la PGJ no presentó el examen médico que debió hacer al detenido ni tampoco pudo demostrar por qué motivos había hecho una acusación en su contra.

Por lo anterior, la CDHE determinó que hubo violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad, a la integridad y seguridad personal del agraviado, cuyo nombre fue reservado.

De igual forma, recomendó al procurador general de Justicia, Víctor Carrancá Bourguet, hacer la reparación de los daños ocasionados al afectado; instruir y dar a conocer por escrito a los elementos de la Policía Ministerial de la Inspectoría General Metropolitana, que durante el desempeño de sus funciones soliciten la práctica de exámenes médicos a las personas que detengan y justifiquen su cumplimiento.

Aunado a ello, se requirió la colaboración de la PGJ para que el Ministerio Público tramite la denuncia de la CDHE, en contra de los policías ministeriales involucrados en estos hechos.