Quedan en mandos medios inhabilitaciones de la Contraloría

La mayoría de las inhabilitaciones que la Secretaría de la Contraloría (SC) ha fincado en contra de servidores públicos desde el 2011 a la fecha, han alcanzado a cargos cuya jerarquía no superan a directores, jefes de departamento, supervisores o coordinadores.

El mayor rango jerárquico que hasta ahora ha sancionado la SC fue a Isaac Tonatiuh López Montalvo, ex secretario particular del titular del Consejo Estatal de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (C4), Mauricio Tornero Salinas, por participar en la sustracción ilegal de un vehículo en el fraccionamiento La Vista Country Club.

No obstante, el contralor Eukid Castañón Herrera afirmó de forma reciente que la administración estatal ha actuado en tiempo y forma para sancionar a altos mandos, como el caso del secretario de Salud durante la administración pasada, Alfredo Arango García, quien actualmente purga una condena en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de San Miguel por enriquecimiento ilícito.

Asimismo, comentó que se han emprendido acciones sancionatorias en contra del secretario de Obra Pública durante el sexenio anterior, Javier García Ramírez, quien actualmente se encuentra prófugo para evitar su detención.

Los casos anteriores son prueba de que la Contraloría no ha sido omisa en el establecimiento de sanciones aunque estas afecten a titulares de dependencias conocidos como “peces gordos”, refirió el secretario.

Cabe señalar que tanto Alfredo Arango como Javier García Ramírez, si bien enfrentan procesos judiciales, no se encuentran dentro de la relación de funcionarios públicos inhabilitados para ejercer un cargo.

Suman 56 inhabilitados en dos años y medio

Dichas sanciones se suman a las de Benjamín Cabrera Balcázar y Blas Villegas Lara, quienes fungieron como sub director de Operación e Infraestructura y director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE), respectivamente, durante el sexenio pasado.

De acuerdo con los datos proporcionados en el apartado de Transparencia de su página en Internet, hasta ahora la SC ha inhabilitado aproximadamente a 56 funcionarios públicos, por incurrir en diversas anomalías.

Del total de inhabilitaciones, la de mayor rango en el organigrama de la administración estatal es la fincada en contra del sub secretario de Obra Pública durante el sexenio pasado Efraín Ruiz Meneses. No obstante, la sanción no se ha podido concretar gracias a una defensa legal que el afectado emprendió.

Posteriormente se ubica la inhabilitación de Isaac Tonatiuh López Montalvo, quien fue secretario particular de Mauricio Tornero, titular del C4, y que participó en el hurto de un vehículo en el fraccionamiento residencial “La Vista”.

Según el orden jerárquico, después se ubica la inhabilitación de cuatro directores, aunque la información proporcionada en el sitio electrónico no especifica si se trata de titulares de área o departamento.

Dentro de esa categoría destacan José Bernardo Orlando González, quien fungió como jefe del Departamento de Recursos Financieros en la Secretaría de Salud, así como Alfonso Eduardo Guillén Manuel, quien estaba adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Asimismo, dentro de la SEP destacan Hilarión Castañeda Domingo e Ignacio Martínez Avilés, cuyos nombres aparecen como directores, aunque no se establece de qué departamento o institución educativa. Ambos fueron inhabilitados por dos años (2011 a 2013).

Aunque en materia de Obra Pública el secretario de la Contraloría ha reconocido que se realizan indagatorias para definir responsabilidades por errores en la ejecución de proyectos de la actual administración estatal, las sanciones en este rubro solo han alcanzado a residentes o supervisores de obra como Natalio Nava Martínez, quien fue inhabilitado por 12 años (2011-2023).

La Secretaría General de Gobierno (SGG) es otra área recurrente con ex empleados inhabilitados, empero los cargos de éstos corresponden a funcionarios como el ahora ex coordinador operativo Rafael Alexis Gómez Jiménez, a Alberto Mungía Jiménez quien se desempeñaba como asesor operativo, Eleazar Torres Sánchez quien era auxiliar de inspecciones y José Alfredo Zambrano Reyes que laborada como jefe de investigación, así como a guardias policiales.

El resto de sanciones corresponden a funcionarios que ocupaban cargos menores, como jefes de departamento, sub directores, supervisores de transporte público, delegados de la Secretaría General de Gobierno (SGG), analistas, custodios, agentes viales, agentes ministeriales o policías o secretarias.

Para consultar la lista de inhabilitados con corte al 10 de abril haga clic aquí.

Para consultar la lista de inhabilitados con corte al 4 de junio haga clic aquí.