Eliminar los tribunales locales no es la solución a la justicia electoral

Armando Maitret Hernández, magistrado de la Cuarta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se pronunció en contra de la posibilidad de crear un solo organismo que se encargue de juicios electorales interpuestos por los partidos políticos y los ciudadanos.

En su vista a Puebla, el juez federal aclaró que su postura es personal y no representa al órgano jurisdiccional del que forma parte. En entrevista, Maitret Hernández sentenció que el modelo de justicia electoral actual tiene “enormes bondades”, ya que permite la solución de las controversias locales.

“En lo personal, creo que las objeciones a la falta de autonomía de los tribunales locales no se soluciona con la medicina que las fuerzas políticas recetan en el Pacto por México. Hacen falta mayores garantías, pero la muerte de la justicia electoral no es la solución a la enfermedad”.

Luego de firmar un convenio con el Tribunal local para poner en marcha el Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos (SISGA), el magistrado lamentó que el argumento central para impulsar la creación de un Instituto Nacional Electoral (INE) sea señalar que así quitará el poder de injerencia que los gobernadores tiene sobre los organismos comiciales.

En ese sentido, Maitret Hernández advirtió que los impulsores de la reforma electoral deberían de aclarar que entidades los mandatarios tienen a los institutos y tribunales sublevados.

Apuntó que no existe una “interlocución” entre los magistrados de las Salas Regionales y la Sala Superior del TEPJF con los gobernadores.

Agregó que en lugar de plantear una reforma que desaparezca al Instituto Federal Electoral, a los organismos electorales locales y concentrar en un solo organismo los juicios, se debería de fortalecer la autonomía de los órganos comiciales.

Maitret Hernández indicó que el 70 % de los casos que se impugnan son resueltos en los tribunales locales, mientras que un 30 por ciento son atendidos por las Salas Regionales del TEPJF, y aclaró de dicha cifra sólo el 10% sufre una modificación.

Comentó que otro de la problemática a la que se enfrentaría sería la salida de 30 mil personas que tendrán que ser liquidados, lo cual implicaría que los gobiernos tendrían que absorber el gasto.

Por su parte, Francisco Javier de Unanue y Bretón, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), manifestó que el considerar esta posibilidad violentaría la soberanía de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.