El gobierno existe por una razón fundamental: darle orden a la vida pública. Asimismo, el Gobierno existe para generar seguridad, garantizar justicia, construir condiciones de desarrollo, proteger libertades y ofrecer certeza a las y los ciudadanos.
Y es que gobernar no consiste únicamente en administrar recursos públicos, anunciar obras o encabezar eventos oficiales. Gobernar implica algo mucho más complejo, que es el que es el “construir confianza”. Porque un gobierno puede tener discursos, campañas de difusión y presencia mediática, pero cuando la ciudadanía deja de confiar en sus instituciones, comienza a romperse uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia.
Más artículos del autor
La confianza no se decreta, no aparece en espectaculares, ni se construye con propaganda, se gana con resultados, transparencia, legalidad y cercanía con la ciudadanía. Y cuando esa confianza comienza a deteriorarse, las cifras terminan revelando lo que muchas veces el discurso oficial intenta ocultar.
Por ejemplo, los datos más recientes vuelven a poner una alerta sobre Puebla. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI, volvió a colocar sobre la mesa una discusión incómoda para cualquier gobierno: la diferencia entre comunicar resultados y generar confianza ciudadana. Porque una administración puede tener presencia institucional, campañas permanentes y narrativas públicas todos los días. Pero cuando la ciudadanía comienza a percibir algo distinto, los números terminan hablando, y hoy esos números no son menores.
Entre los datos más importantes que resaltan en esta encuesta, es la percepción de corrupción en Puebla, y esta se mantiene entre las más altas del país. La confianza ciudadana enfrenta señales de desgaste. Y quizá el dato más delicado no es únicamente lo que reflejan las cifras; es lo que representan políticamente: cuando el 33.2% de las y los
Poblanos dijo confiar en ese nivel de gobierno, el problema deja de ser un asunto de imagen pública y comienza a convertirse en un problema de gobernabilidad. “¿Qué está ocurriendo con el 66.8% restante? ¿Por qué dos terceras partes de las y los poblanos no expresan su confianza al gobierno actual?”
Es que la percepción de corrupción en Puebla continúa entre las más altas del país, un dato que no puede minimizarse ni ignorarse. Porque cuando la ciudadanía comienza a percibir corrupción de manera constante, el problema deja de ser únicamente estadístico y comienza a convertirse en un desafío institucional.
Los ciudadanos no evalúan gobiernos por discursos. Los evalúan cuando hacen un trámite y enfrentan obstáculos. Cuando sienten que las instituciones funcionan o dejan de funcionar. Cuando perciben transparencia o perciben privilegios. Cuando sienten cercanía o sienten distancia. Gobernar no es únicamente comunicar; gobernar es generar condiciones para que las personas confíen.
Y existe algo todavía más delicado detrás de estas cifras. Porque estos datos no los construyó la oposición, ni los redactaron quienes cuestionan proyectos públicos como el Cablebús y menos quienes se manifiestan en contra de determinadas decisiones del gobierno del Estado.
Los datos los presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una institución que durante décadas ha generado información para que México pueda medir problemas públicos, corregir errores y entender cuándo una política pública funciona o cuándo simplemente no está dando resultados.
Hoy Puebla hoy tiene cifras que deberían prender alertas, porque prácticamente 9 de cada 10 poblanos perciben con frecuencia corrupción dentro del actual gobierno estatal, y esto no lo dice la oposición, ni lo dice un adversario político como siempre responde el Titular del Ejecutivo Estatal, lo dicen los datos.
Entonces vale la pena hacer una pregunta incómoda: ¿qué está dejando de escuchar un gobierno cuando los ciudadanos comienzan a perder confianza?
Porque la confianza no desaparece de un día para otro, se erosiona lentamente, se desgasta cuando la transparencia deja de ser prioridad. Cuando la información pública genera más preguntas que respuestas. Cuando los grandes proyectos terminan rodeados de reservas de información. Cuando la apertura institucional pareciera administrarse bajo criterios políticos y no bajo el derecho ciudadano a saber. Porque un gobierno fuerte no le teme a la transparencia. Un gobierno fuerte escucha, corrige, explica y rinde cuentas. Cuando eso deja de ocurrir, aparecen los números.
Y los números terminan diciendo lo que muchas veces el discurso oficial intenta esconder.
Durante meses Puebla ha sido escenario de hechos extremos de violencia que han marcado la conversación pública. Desde la aparición de bolsas negras con restos humanos, en Puebla capital, hechos delictivos en diversos municipios, violencia que genera preocupación social, escuchar a un gobierno donde si eres empresario y no donas dos hectáreas de terreno en un plazo de treinta días, de negarse, iniciaría un proceso legal para expropiar cuatro hectáreas, entre otros más, y una ciudadanía que observa con preocupación acontecimientos que hace algunos años parecían impensables.
Y quizá uno de los episodios que más indignación generó fue el asesinato de una familia en el municipio de Tehuitzingo. Un hecho doloroso que trascendió fronteras y colocó nuevamente la discusión sobre seguridad en el centro del debate público.
Porque mientras los ciudadanos piden apertura, respuestas y transparencia, pareciera consolidarse una administración que muchas veces confronta más de lo que escucha, responde más con narrativa que con apertura y privilegia más el control político de la información que el derecho ciudadano a conocerla. Tal es el caso, que clasifica la información como reservada como el Proyecto del Cablebús y la Feria de Puebla 2025.
Una pregunta que pocos se atreven a formular: ¿el gobierno verdaderamente escucha a los poblanos?
Porque el problema no es la crítica y menos el problema nunca ha sido la oposición, ni son quienes cuestionan proyectos públicos, quienes exigen transparencia o quienes piden resultados. El verdadero problema comienza cuando un gobierno deja de escuchar, se acostumbra a la opacidad, normaliza la confrontación y comienza a creer que gobernar consiste únicamente en administrar el discurso.
Porque ningún gobierno pierde credibilidad por quienes lo señalan, la pierde cuando la realidad cotidiana de los ciudadanos deja de coincidir con la narrativa del gobierno. Y tarde o temprano, esa distancia siempre termina pasando factura.
"La soberbia política siempre cree que va ganando, hasta que la realidad le presenta la factura."