A la inseguridad pública en el estado de Puebla ahora se le pueden agregar las deficiencias en la procuración de justicia y el uso faccioso de la impartición de justicia en el estado.
Con el monopolio del ministerio público del Poder Ejecutivo, la autonomía de la Fiscalía General del Estado terminó en una simulación al convertirse en una posición de los gobernadores en turno, y la separación de poderes es una falacia.
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Como en la santísima trinidad, hay tres poderes en un solo dios, y en eso se ha convertido los gobernadores, un dios que asume el control en la prevención de los delitos, la procuración e impartición de justicia, como parte del modelo de régimen absolutista de la 4T.
Si bien reportan la presunta disminución de los delitos de alto impacto -con datos de la opacidad porque se eliminó el acceso a la información- aún persiste la comisión de diversos ilícitos en el estado.
En la parte de la prevención del delito donde no se le ve ni pies ni cabeza de la presunta estrategia, y con las acciones ejecutadas, la mayoría fallida, reflejan la ausencia de un plan integral.
Células del crimen organizado presuntamente franquicias del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) denominada La Barredora, la Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa, y Los Zetas de El Bukanas, así como otras bandas locales, están muy activas, y mermadas no están por la acción policial.
Lo ocurrido la madrugada del 14 de febrero en la Sala de Despecho en la zona de Angelópolis es una de las muestras de cómo el crimen organizado supera a las fuerzas policiales.
Le antecedieron innumerables homicidios dolosos como el asesinato múltiple de cinco personas cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en una camioneta a un lado del recinto ferial en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.
A principio de marzo otro asesinato múltiple en una comunidad de Huehuetlán El Grande; entre uno y otros hechos aparecieron más embolsados, arrojados a ríos y barrancos, incinerados, cuerpos mutilados o encobijados. Lo mismo en zonas urbanas que en rurales.
Mercados municipales, bajo el asedio permanente de la delincuencia
Los mercados municipales y otros centros de abasto son otros de los ejemplos de que el modelo preventivo adolece de efectividad por fallas en las áreas de inteligencia policial.
Se observó así con el reciente operativo en el tianguis del Mercado Morelos donde, un día después en el operativo para capturar a 16 presuntos integrantes del grupo delictivo de La Familia Michoacana.
En el lugar incursionó un grupo armado utilizando uniformes apócrifos de la FGR para amedrentar a comerciantes y compradores, sin que las policías estatal y municipal intervinieran ni de manera preventiva con labores de inteligencia ni reactiva para entrar en acción de manera inmediata.
Esta problemática de inseguridad por el cobro de piso, la extorsión y narcomenudeo puede ser nuevo para el vicealmirante de la Marina Francisco Sánchez, porque no es poblano, pero los comerciantes, compradores y colonias vecinas lo padecen desde hace más de una década en la mayoría de los mercados municipales de Puebla y en la metrópoli.
Administraciones estatales y municipales van y vienen sin resultados a favor de la población, resultado de una economía informal donde el cobro se la disputan los recaudadores de los municipios y los grupos delictivos, con una doble tributación para los locatarios.
La economía informal se ha convertido en una mina de oro para los grupos delictivos que han pasado del cobro de piso y la extorsión hasta controlar ellos los tianguis con empleados para mover su mercancía, como ocurre con el negocio ilegal de ropa de paca en el Mercado Hidalgo y de San Isidro, principalmente.
Eso y más lo saben las autoridades municipales y estatales, pero el río de dinero que circula por debajo de las mesas de las tesorerías favorece la complicidad por el insultante grado de corrupción.
Carreteras estatales tienen dueños: el peaje se paga hasta con la vida
Hoy en Puebla la población vive al filo de la navaja porque puede ser víctima de la delincuencia, en cualquier momento y lugar, y el robo de autopartes es lo mínimo que le puede pasar, pero está expuesta en un restaurante, al salir del banco, en un bar y al transitar por las carretera estatales y federales.
La semana pasada privaron de la vida a una enfermera del sistema IMSS-Bienestar y fueron asaltados otros compañeros de trabajo que transitaron el tramo carretero Tepeaca-Amozoc, lugar donde han ocurrido otros robos con violencia que han terminado con asesinatos.
Los delincuentes han despojado de sus vehículos a familias completas, lo mismo utilizan retenes falsos que bloqueos y persecución de sus víctimas.
Policías municipales y estatales son ineptos o cómplices, porque éste y otros tramos carreteros se han convertido en una trama moral, como ocurren los tramos Acatzingo-El Seco; Esperanza-Ciudad Serdán; Azumbilla, Acajete-Tepatlaxco; Santa Rita Tlahuapan; lo mismo que a las sierras norte, nororiental y a la región mixteca: las carreteras estatales son propiedad del crimen.
Y no solo eso, en los municipios del triángulo rojo los gobiernos locales han permitido con toda complicidad la operación de bandas dedicadas al asalto del transporte de carga, al almacenamiento de lo robado y la instalación de deshuesaderos de vehículos automotores
Las corporaciones policiales estatales, municipales y federales de la Guardia Nacional, lo saben todo respecto a cómo y dónde operan los grupos delictivos, pero algunos mandos medios y altos no quieren terminar con una fuente permanente de ingresos ilegales.
Políticos como la entonces legisladora federal priista Blanca Alcalá Ruiz, o el presidente estatal del PAN Mario Riestra Piña, han sido víctimas de la delincuencia en tramos carreteros federales de cuota México-Puebla-Veracruz.
En la Puebla-Orizaba un día asesinan a un trailero, y al otro también, por la sencilla razón de que algunos o varios agentes de la Guardia Nacional está involucrada con la delincuencia como ya ocurre en la Amozoc-Perote a la altura de Cuapiaxtla, y no solo son estas vías carreteras, ocurre en toda la red carretera del país.
A finales de enero de este año el equipo de trabajo de giras presidenciales de Claudia Sheinbaum fue víctima de un asalto carretero cuando transitaban en San Luis Potosí. Les ocurrió a los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar en una de las carreteras de Zacatecas tras quedar presuntamente en medio de un enfrentamiento armado.
¿Y creen los mandos policiales que con drones y videocámaras de vigilancia frenarán a la delincuencia en las carreteras?
Esos equipos de vigilancia solo sirven para ilustrar cómo ocurren los asaltos, pero no para desmantelar las redes criminales, y eso solo se logra con una estrategia de acción efectiva, porque saben dónde y cómo opera la delincuencia, pero le siguen a la política de los abrazos.
Una razón poderosa tendrán las autoridades encargadas de la prevención para no combatir a la delincuencia porque en más de dos décadas, por ejemplo, saben dónde operan los huachicoleros, lo mismo en el triángulo rojo que en las regiones de Ahuazotepec y Huauchinango.
Delincuentes peligrosos como Roberto de los Santos de Jesús, conocido como El Bukanas, extendió sus actividades criminales al estado de Hidalgo, a partir de su posicionamiento en Puebla y Veracruz.
Pacto de silencio entre fiscalías para proteger a Lorena Cuéllar
La delincuencia lo ha ensuciado todo porque ha infiltrado a las corporaciones policiales y a los gobiernos, donde la corrupción manda hasta en los criterios de la procuración de justicia, como ocurre con el caso del matrimonio Tello Ruiz.
Dominadas los fiscales generales por los gobernantes, éstas procuran justicia de acuerdo, como ocurre con los estados de Tlaxcala y Puebla.
Las fiscalías de Justicia han acordado un pacto de silencio en el caso del asesinato del matrimonio Tello Ruiz, en la medida que están presuntamente involucrados familiares y funcionarios públicos de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, por ejemplo.
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