Al menos es lo que se desprende del más reciente informe de Transparencia Internacional en materia de percepción de corrupción, correspondiente al año 2025 en el cual México aparece en el lugar 141 de 182 países, después de que en 2020 ocupara el puesto 126, es decir que perdió 15 posiciones en solo 5 años.
Por si esto no fuera suficiente, México se ubicó en la última posición entre los países que integran la OCDE con una calificación de 27 puntos de 100, por debajo de Turquía, Colombia y Hungría, cuando el promedio de dicha organización fue de 65 puntos y el país mejor posicionado fue Dinamarca con 89 puntos de 100.
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Pero si revisamos la narrativa en materia de seguridad en México, ésta indica que a partir de 2019 los delitos de alto impacto comenzaron a descender, sin embargo, al contabilizar los delitos totales de las administraciones Peña Nieto y López Obrador, indican todo lo contrario, es decir se incrementaron de manera sostenida entre 2018 y 2023, coincidiendo con el aumento en la percepción de corrupción.
Lo anterior evidencia que entre la incidencia delictiva y la corrupción existe una baja correlación positiva, es decir que si aumenta la primera, también aumenta la segunda y viceversa, cuando lo ideal sería que existiera una alta correlación.
De paso confirma que la Estrategia de Seguridad del gobierno federal, que comprende cuatro ejes (Atención de las causas, consolidación de la Guardia Nacional, Inteligencia e Investigación y Coordinación plena con gobiernos de los estados y municipios) no está dando los resultados esperados y que tarde o temprano terminará imponiéndose la que por varios años encabezó el villano favorito de la 4T, Felipe Calderón, también conocida como “la guerra de Calderón”.
La mejor prueba de que en los hechos ya es así -por más que la presidenta de la República lo niegue- es la gran cantidad de cuadros directivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (incluido su titular) que provienen de la tan denostada Policía Federal y la Agencia Federal de Investigación.
Este hecho no tiene nada de malo ya que son el resultado de un servicio de carrera profesional debidamente articulado en el Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL) que se vio truncado en 2018, cuando el hoy embajador de México en el Reino Unido y los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina “cilindrearon” al entonces presidente electo López Obrador para que desapareciera a la Policía Federal porque la consideraban corrupta y además había sido concebida y desarrollada por quienes consideraba sus enemigos más que adversarios políticos, y en su lugar creara la Guardia Nacional, cuya consolidación es justamente uno de los cuatro ejes de la Estrategia de Seguridad.
De hecho, el día de ayer, la Presidenta al tratar de aclarar que el país no está militarizado, -aunque quienes patrullan las carreteras del país y algunas de las calles de las ciudades más violentas son militares adscritos al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional-, volvió a citar a Felipe Calderón y dijo que sacó a las calles al Ejército y la Marina de manera ilegal, no como ahora que los cambios que permitieron su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2025 son a nivel constitucional.
Total que después de catorce años de haber dejado la Presidencia de la República con menos homicidios dolosos totales, más armas de fuego aseguradas y más detenidos, su nombre y el de la PF siguen apareciendo como un fantasma que ronda el Salón Tesorería de Palacio Nacional, ojalá sea para bien, aunque sea para que sus excolaboradores no olviden su origen.