La tardía reacción del Gabinete de Seguridad del gobierno federal el domingo 22 de febrero tras los sucesos de Tapalpa, Jalisco, es una muestra de que la coordinación de las instituciones que lo integran está fracturada.
No se entiende porqué el operativo que buscaba la detención del líder más emblemático de una de las organizaciones más violentas del país, no fue razón suficiente para convocar de urgencia a todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, incluida la Presidenta de la República, a alguna de las “salas de situación” o “control crisis” que deben existir en cada una de las instituciones que lo integran y desde ahí coordinar todas las acciones con los gobiernos de los estados y municipios que estaban siendo afectados por el robo de camiones de carga, autobuses y automóviles para atravesarlos en las vías de comunicación y prenderles fuego?
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En vez de ello, cada dependencia respondió por separado y tarde. La Secretaría de la Defensa Nacional salió a adjudicarse el “triunfo” como suyo, sin tomar en cuenta que la SSPC es la cabeza del sector y hasta antes de la detención y muerte del líder del CJNG había encabezado todos los anuncios en materia de seguridad como si su titular los hubiera realizado, relegando a quienes realmente operaron a un segundo plano, pero esta vez quien se fue a una segunda posición fue el titular de Seguridad Pública federal, quien al día siguiente hizo un recuento de los daños en materia de bloqueos, vehículos incendiados, negocios quemados y agresiones registradas.
La Presidenta de la República por su parte solo se pronunció a través de su cuenta oficial de la red social X, con el argumento de que al día siguiente el Gabinete de Seguridad informaría, dejando que los medios de comunicación y las “benditas” redes sociales llenaran todos los vacíos de información.
Es obvio que las demás instancias que forman parte de dicho Gabinete como son las secretarías de Gobernación y la de Marina, no fueron informadas por temor a que se pudiera filtrar la información, razón por la cual la institución que encabezó el operativo decidió gestionar la crisis por sí sola pero tampoco le alcanzó y los ataques a sus instalaciones, bloqueos e incendios la rebasaron.
Si la falta de coordinación y el “mátalos en caliente” fue lo que tanto criticaron quienes hoy gobiernan el país, hoy están haciendo lo mismo y lo único que faltaría es cambiar un apellido por un nombre y en vez de llamarse la “guerra de Calderón” ahora sería la “guerra de Claudia”.
Ante una situación de este nivel de complejidad y repercusión internacional, bien pudieron haber convocado al Gabinete de Seguridad (incluida la titular del Ejecutivo Federal) a la “sala de crisis” de la SSPC, mejor conocida como el “Bunker” de Constituyentes, donde hasta antes de su desmantelamiento había lo necesario para permanecer en condiciones de máxima seguridad y conducir desde ahí una operación de este calado, así como coordinarse con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los presidentes municipales de las demarcaciones más afectadas para hacer frente a expresiones de violencia como las que siguieron a la detención momentánea y posterior muerte del líder del CJNG.
Todo lo anterior evidencia que el Gabinete de Seguridad ya presenta fisuras y si no se replantea de manera inmediata no podrá soportar otra crisis como la recién acontecida y el Mundial de Futbol está a la vuelta de la esquina.
Llama la atención que la Secretaría de Marina no apareció por ningún lado, confirmando que tras la vinculación de algunos de sus mandos en la trama del “huachicol fiscal”, para el gobierno de los Estados Unidos dejó de ser confiable como para compartirle algún un producto de inteligencia, como el que obviamente estos últimos aportaron dadas sus capacidades técnicas, mismas que las autoridades mexicanas tienen, pero no las pueden utilizar porque ellas mismas se pusieron candados legales.
En otro orden de ideas, pero vinculado con los hechos de violencia registrados el domingo y lunes pasados, es necesario poner en perspectiva la afectación que tuvo el sector del autotransporte de carga, ya que varios de sus camiones con mercancía diversa fueron incendiados y utilizados para bloquear carreteras, mientras que algunos de sus conductores fueron privados de la vida.
Un primer avance indica que al menos 200 camiones de carga fueron robados y quemados y sus propietarios no podrán cobrar sus seguros, mientras que el número de conductores que fueron asesinados o desaparecidos asciende hasta ahora a 9.
El impacto de este tipo de acciones se traduce en mayores costos de operación y logística, mismos que se trasladarán al consumidor final y terminarán afectando el aparato productivo y la economía de todo el país.