La inseguridad en Puebla ha venido escalando niveles. Por decirlo sin rodeos, la violencia criminal toca prácticamente todos los días a la puerta de los ciudadanos, y los mensajes que deja son aterradores.
El deterioro puede ubicarse con claridad en los últimos años. Durante la pasada administración estatal se agravó el fenómeno y, con él, la sensación de vulnerabilidad cotidiana. En ese periodo comenzaron a observarse en la capital dinámicas propias de disputas entre bandas criminales, incluso con episodios ocurridos en el corazón del Centro Histórico.
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Junto a esa violencia apareció otra, inédita para la entidad: la violencia política, visible en los meses previos al proceso electoral de 2024. Es cierto, se trata de un patrón nacional, pero no por ello menos doloroso para Puebla.
Hoy la ciudad capital figura entre las más inseguras del país, equiparable con Urupan, Michoacán. Y pese a la propaganda oficial, el gobierno no ha logrado neutralizar el miedo ni devolver la confianza a la población.
Según datos oficiales, la capital cerró 2025 con una percepción de inseguridad de 84.5 %. Es decir, nueve de cada diez poblanos vive con miedo. La cifra representa un incremento importante respecto de 2024, cuando la percepción fue de 75 %, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.
Incluso en el último trimestre del año pasado se observó una agudización: la percepción pasó de 81.4% a 84.5%.
Sin seguridad pública no hay gobernabilidad duradera ni progreso posible. La seguridad es el bien público primario: la protección de la vida y del patrimonio de las personas. Cuando esas garantías básicas fallan, la legitimidad de los gobernantes se erosiona y la confianza en el propio Estado se debilita. Y los gobiernos se tornan prescindibles.
Chayo News
El fin de semana tres jóvenes, en la flor de la vida, fueron asesinados a quemarropa en un bar del sur de la ciudad, en vísperas del Día de San Valentín, en una zona considerada de alta vigilancia policial.
El hecho revela algo preocupante: el gobierno aún no logra articular una estrategia de seguridad eficaz, aunque sí ha construido una narrativa para dispersar responsabilidades, atribuyéndolas a las familias, a las víctimas o incluso a la oposición cuando osa exigir resultados verificables.