En días recientes, el 29 de enero, apareció en La Jornada un artículo de Imanol Ordorika que nos hace ver la crisis sostenida que sufre la UNAM.
Una crisis que el autor caracteriza de esta manera: "Los conflictos de todos los días revelan fallas más profundas en el modelo institucional. Ese modelo de UNAM está agotado: una universidad hiperconcentrada en la investigación en detrimento de la docencia; una enseñanza sostenida por personal de asignatura en condiciones precarias; un estudiantado colocado en los márgenes de la vida universitaria, y el encumbramiento de las burocracias por encima de los sectores académicos. La debilidad de la vida colegiada, la representación restringida y controlada, así como la participación limitada en la toma de decisiones y en el nombramiento de autoridades, profundizan la crisis.”
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Este diagnóstico, que no es otra cosa, es aplicable a todas las universidades autónomas del país. No es sólo el modelo de la UNAM sino de todo el sistema público de educación superior.
Siendo esto así, la urgencia de cambiar el modelo, en realidad el sistema, no sólo compete a las propias universidades sino de manera central al Estado que debe modificar sus políticas públicas.
Analicemos este diagnóstico en el contexto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Existe una hiperconcentración en la investigación en detrimento de la docencia?
Si comparamos el monto de los “estímulos”, que no salarios, dirigidos a premiar los resultados de investigación frente a los dirigidos a las labores propiamente docentes, veremos que la política pública cuyo instrumento es el Sistema Nacional de Investigadores(as) ha abierto una brecha enorme entre estas dos actividades académicas. Esta brecha acabó por establecer un sistema clasista al interior de la academia, cuando lo que se buscaba con la profesionalización de la enseñanza y la consecuente creación de plazas de tiempo completo y de medio tiempo era, justamente, garantizar la calidad de la enseñanza derivada del trabajo dedicado a la investigación.
La evaluación que es connatural a un sistema educativo se volvió punitiva, pues los “estímulos” no estaban al alcance de todos sino de un porcentaje preestablecido, ya sea por las bolsas etiquetadas o por las restricciones cada vez mayores con las que evalúan los “pares académicos”.
El colmo del centralismo y de la verticalidad lo vemos en el artículo 72 de los lineamientos, publicados el 6 de febrero de este año en el Diario Oficial de la Federación, que establecen que cada investigador nacional nivel III o Emérito “podrá proponer de una a tres personas ayudantes, para que reciban un apoyo económico que, en conjunto, será hasta de tres 3 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), sujeto a disponibilidad presupuestal”. (La Jornada, 7 de febrero de 2026).
Cuando vemos estas medidas no podemos menos que imaginarnos un barco que hace hoyos por todos lados que inútilmente tratan de tapar para que no naufrague.
Es obvio que el grave problema de falta de plazas para ingresar a las universidades públicas incrementa cada vez más el número de personas con las calificaciones académicas suficientes para integrarse al sector educativo de nivel superior. Hasta el nombre denota la fragilidad de la medida: “ayudantes”.
¿Cuántos investigadores nivel III y eméritos hay? En 2020 había 2584, el 7.79 %. Según datos de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) correspondientes al 3 de octubre de 2024, en México hay 36,624 investigadores(as) nacionales. Si aplicamos a esta cantidad el 8 %, resulta que actualmente hay 2,930 investigadores con este nivel. Ahora si cada uno propusiera a tres “ayudantes”, el beneficio alcanzaría a 8,790 personas. ¿Ustedes creen que este número de personas resolvería el grave problema de las universidades públicas que sostienen la enseñanza con profesores hora clase o de asignatura? ¡Claro que no! No sólo son asistentes de investigación, sino que nada más en la BUAP el número de profesores(as) hora clase ascendía el año pasado a ¡2,500!
Efectivamente, como lo señala Ordorika, la hiperconcentración en la investigación, producto de las políticas públicas y sus instrumentos como el SNII y el ESDEPED y los que se añadan, está ligada a “una enseñanza sostenida por personal de asignatura en condiciones precarias”, está ligada al incremento desmedido de una planta académica empobrecida y explotada, pues es la mano de obra educativa más barata.
Y claro, este abaratamiento de la contratación docente explica el tercer síntoma que señala: “Un estudiantado colocado en los márgenes de la vida universitaria”. Lo que debería constituir el centro de la tarea universitaria: la formación profesional de las y los jóvenes, está en los márgenes.
Si a esta marginalidad añadimos “el encumbramiento de las burocracias por encima de los sectores académicos”, burocracias que han usurpado las funciones sustantivas a sus verdaderos actores: las y los académicos, podemos entender cómo el control vertical en la representación y participación política de docentes y estudiantes ha acabado por suprimir cualquier intento de democratización de la vida universitaria.