La reciente expresión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en el caso del expresidente peruano Pedro Castillo ha generado un intenso debate regional. En una reunión en Palacio Nacional con Guido Croxatto, abogado argentino especializado en derechos humanos y líder de la defensa internacional de Castillo, Sheinbaum expresó su solidaridad con el exmandatario, calificando su encarcelamiento como un "grave precedente de persecución política y discriminación".
En su publicación en X, la presidenta reiteró que recibió a Croxatto en nombre de México, instando a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia, argumentando que la libertad de Castillo defiende la democracia y la dignidad de los pueblos.
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Recordemos que Castillo fue destituido el 7 de diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso peruano, un acto interpretado por opositores como un intento de golpe de Estado. Sin embargo, críticos de izquierda argumentan que esta narrativa oculta un golpe orquestado por élites conservadoras y el Congreso dominado por la derecha, que habían obstruido sistemáticamente su gobierno popular.
La detención de Castillo, sin un juicio exhaustivo y en medio de acusaciones de irregularidades procesales, como el reciente rechazo judicial a anular su juicio por rebelión, sugiere un uso politizado de la justicia.
La postura mexicana genera tensiones diplomáticas. Perú, bajo la presidenta Dina Boluarte, ha enfrentado protestas masivas y represión, con decenas de muertes, lo que resalta hipocresías; mientras se acusa a Castillo de autoritarismo, el actual régimen ha sido criticado por organizaciones como Amnistía Internacional por violaciones sistemáticas. El llamado de Claudia Sheinbaum, se ha limitado a buscar solidaridad y asilo a la familia de Castillo.
La tradición mexicana de asilo político por razones humanitarias, arraigada en épocas como la Revolución Mexicana, refugiados de la Guerra Civil española y el exilio de figuras como León Trotsky o perseguidos por dictaduras sudamericanas en los setenta, refleja un compromiso con la protección sin violar soberanía ajena.
México ha ofrecido refugio a disidentes de izquierda y derecha, respetando la no intervención, como en el caso de Evo Morales o la familia de Castillo, sin imponer agendas políticas. Por lo que debe prevalecer la Doctrina Estrada que México ejerce para evitar que se vulnere la soberanía de los países sin vulnerar los derechos humanos de opositores a los regímenes autoritarios.