UNO. La tranquilidad con la que la gobernadora bajacaliforniana, Marina del Pilar Ávila, esgrime un discurso con el que pretende minimizar que tanto a ella como a su esposo, Carlos Torres, el gobierno norteamericano les haya retirado sus visas, es inversamente proporcional a la gravedad del caso. Lo mismo puede decirse del abordaje informativo de la presidenta Sheinbaum en su comparecencia matutina, enmarcado en el desconocimiento absoluto sobre el asunto y su afirmación de quedar a la espera de la información que provean las instancias correspondientes del gobierno del norte. Es la primera vez que a la persona ocupante de una gubernatura mexicana le es retirado el derecho de tránsito al territorio de Estados Unidos.
Que no haya explicaciones, hasta el momento, no permite, sin embargo, reducir el hecho a un “acto administrativo”, como lo definió Marina del Pilar. “Actos administrativos” como éste no son cotidianos, mucho menos cuando son emprendidos contra los documentos internacionales de funcionarios públicos. Sabemos, además, que tales decisiones, según la normatividad norteamericana, son ejecutadas cuando conductas ilícitas son identificadas en los poseedores de las visas. No hay mucho para dónde hacerse. El caso debería ser considerado como grave por el gobierno mexicano. Especialmente, en el marco de las tensas relaciones binacionales y después de que se conocieran las declaraciones agresivas del presidente Trump respecto de la relación entre la presidenta Sheinbaum y el crimen organizado.
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Hace casi un mes, habrá que recordar, el gobierno norteamericano revocó también la visa de un alcalde tamaulipeco, Alberto Granados Fávila, luego de retenerlo por poco más de ocho horas junto con quienes lo acompañaban. Los discursos calmos no alcanzan para apaciguar las aguas. Para nadie es un secreto que las autoridades gubernamentales del norte están determinadas a someter a los cárteles mexicanos y eso implica perseguir a una larga lista de funcionarios de varios niveles que habrían estado colaborando en el trasiego de fentanilo hacia los consumidores norteamericanos. De esa manera, esta segunda acción, de mayor peso que la anterior, ha contribuido a la especulación sobre las siguientes acciones del gobierno norteamericano y sus consecuencias para el gobierno y la gobernanza del país. Los enterados hablan de la “lista de Marco”, refiriéndose a una larga lista que podría contener entre cuarenta y cincuenta nombres de personajes políticos involucrados que está en poder del secretario de Estado, Marco Rubio. Alguna investigación habrá en curso respecto de Martina y Carlos puede interpretarse, por lo menos.
Dos.- Que la modificación a la política de seguridad llevada a cabo en esta administración, bajo la dirección de García Harfuch, no ha resultado suficiente a los ojos del gobierno norteamericano es ya por demás evidente. Los intereses norteamericanos no quedan colmados por las cantidades de pastillas confiscadas, de laboratorios desbaratados, de sicarios aprehendidos o de líderes deportados. Los norteamericanos quieren ver que el poder del crimen organizado sea desmembrado desde las entrañas del sistema. No puede ser de otra manera. No hay poder criminal que pueda crecer si no es al amparo de las fuerzas del orden y la venia del poder político. La “lista de Marco” debe ser algo más que una poderosa especulación. Es posible, entonces, que en unos días más haya anuncios similares en contra de algunos otros funcionarios gubernamentales. De ser así, el gobierno mexicano empezará a enfrentar serios problemas. Por lo pronto, la gobernanza bajacaliforniana está complicada desde ya. ¿Cómo mantener buen número de los proyectos que tienen carácter binacional y que requieren que la gobernadora participe continuamente en encuentros del otro lado de la frontera? ¿Quiénes estarán dispuestos a firmar convenios, promover políticas públicas con una gobernadora cuyo status legal y político se ha convertido en incierto?
Pero, podría ocurrir, también que el gobierno de Trump decida ir más allá y opte por perseguir judicialmente a criminales y funcionarios. ¿Qué sucederá en esos casos? Más allá de los procedimientos para atraparlos que se sigan el solo hecho de declarar delincuentes ligados al crimen organizado a uno o varios de los funcionarios mexicanos pondrá en crisis al gobierno de Claudia Sheinbaum. Ella lo sabe. El discurso de la soberanía no le alcanzará para impedir que el gobierno norteamericano avance en sus intenciones judiciales. ¿Exigirá Trump la entrega de funcionarios importantes? ¿Qué hará Sheinbaum si ese escenario se cumple?
Las cosas se complicarían demasiado en lo interno. Las dificultades por las que ha tenido que atravesar para sostener su propuesta de “no al nepotismo”, así como las burlas explícitas que funcionarios como Adán Augusto han hecho a su decálogo moral para los morenistas dejan en claro que su lucha por el control del poder está resultando más complicada de lo previsto. Y todavía no se renueva el Poder Judicial. La prensa norteamericana ha señalado estos últimos días que hay un buen número de abogados ligados al crimen organizado compitiendo por los cargos más relevantes del sistema. No está de más insistir: García Harfuch nunca fue del agrado de López Obrador. El expresidente no ha de estar muy contento con lo que está sucediendo; mucho menos con lo que prevé que podrá pasar luego de que se abran los juicios, allá, de Ovidio, El Chapo, El Mayo y Caro Quintero.
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