En la iniciativa de reforma entregada por el Ejecutivo, se tiene el propósito de adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos años. Específicamente, se busca ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos; insertar el principio de austeridad en el sistema electoral y de partidos; facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública; fortalecer a los órganos administrativo y jurisdiccional en materia electoral salvaguardando el equilibrio de poder y su imparcialidad en las contiendas electorales, y homologar los procesos electorales locales y el método de representación.
Para el particular, se propone reformar los artículos 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) con los objetivos siguientes:
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1. Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad.
2. Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder.
3. Garantizar la libertad política para todas las ciudadanas y ciudadanos.
4. Construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político.
5. Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativas y judiciales únicas, bajo el principio de la austeridad.
6. Elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión.
7. Se eliminarán 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores, para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados electos por mayoría, en igual número de distritos y con 64 integrantes del Senado, dos electos por cada entidad federativa según el principio de mayoría relativa. Este principio aplicará para la elección de diputados locales en las entidades federativas.
8. Se establecen parámetros poblacionales objetivos para fijar el número de legisladores locales, regidores y concejales.
9. Se reduce a la mitad el financiamiento ordinario a los partidos políticos y se regulan las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de éstos.
10. En materia de revocación de mandato y consulta popular, se propone reducir a 30% la participación requerida para que sus resultados sean vinculatorios. Asimismo, se homologa la fecha para realizar la revocación de mandato para el mismo día de las elecciones ordinarias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión, así como la consulta popular.
11. Se incorporan en los temas que no pueden ser objeto de consulta popular los relacionados con el sistema fiscal, incluyendo sus bases, tasas y tarifas, y la organización, funcionamiento y disciplina de la Guardia Nacional. Asimismo, se elimina la restricción de aquellas vinculadas con la materia electoral y a las obras de infraestructura en ejecución.
En este artículo pongo en primer plano lo referido a la reforma al sistema de partidos, ajustando el financiamiento de los mismos, y en lo que se orienta a reformar la composición del Poder Legislativo modificando también algunas de sus atribuciones; por ello enfatizaré lo contenido en la iniciativa de reforma constitucional en comento en los puntos 7, 8, 9 y 10.
De ese modo pretendo examinar lo que significa para el sistema político de partidos y el Poder Legislativo establecer lo conducente en la Constitución, con el propósito de lograr los cambios en la estructura de la cámara baja y lo referido al sistema de partidos.
En la actualidad los partidos políticos que integran al sistema de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la constitución reciben como financiamiento público lo siguiente:
El financiamiento público que corresponde a cada partido político nacional para el año 2024 es:
DOF: 17/11/2023
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las cifras del financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales y de gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2024.
Lo que se tendrá que consensuar en el Poder Legislativo, en donde se encuentran los representantes populares emanados de los partidos políticos, es que sus prerrogativas se disminuyan en un 50 por ciento. El trabajo de convencimiento en las cámaras de diputados y de senadores no será fácil, a pesar de que evidentemente el cambio es positivo para la democracia, ello supondría un ajuste de los aparatos de los partidos abonando en el rescate del principal propósito que la sociedad asigna a éstos y que significaría liberar una significativa suma de recursos públicos que se podrían destinar a usos de importancia para el desarrollo del país, de acuerdo con la información mencionada, el monto de los recursos públicos liberados sería del orden 5000 millones de pesos solo por el ajuste de las prerrogativas que se otorgan a los partidos a nivel federal y si consideramos lo que se entrega a los partidos a nivel local el ajuste sería más significativo.
Fuentes: Organismos públicos locales
Reducir a la mitad ese monto significaría restituir al erario otros 2600 millones de pesos, seguro que con esta suma se podría posibilitar fortalecer los programas de desarrollo del país y ampliar los apoyos a los programas sociales. En total, con el ajuste se dispondría de aproximadamente 7600 millones de pesos.
Con el ajuste mencionado además de lograr significativos ahorros se podría conseguir que los partidos políticos se organizaran de manera más eficiente y que se orienten a cumplir con sus funciones esenciales como expresiones de representación de las ideas y convicciones del pueblo de México.
En lo referido a la eliminación de los diputados plurinominales es evidente que ello significaría que el Senado de la República estaría compuesto por 64 Senadores, en tanto, que la Cámara de Diputados se integraría por 300 diputados; el Poder Legislativo de México tendría 364 (300 integrantes de la cámara de diputados y 64 integrantes de la Cámara de Senadores) integrantes y no 628 como antes de la reforma.
Así que se tendría un ahorro en salarios igual a lo que significan los salarios de 264 legisladores. Adicionalmente el Congreso de la Unión tendría una composición más cercana a la composición de la población mexicana, no estarían los que son hasta ahora elegidos por las burocracias partidistas.
En el cambio, producto de la reforma Constitucional en comento, se podría pensar en que para tener a las expresiones políticas representadas en el Poder Legislativo que corresponden con el sistema de partidos, se establezca la modalidad de los diputados y senadores de partido, uno por cada organización partidaria que lograra al menos el mínimo de votos que fija la ley para mantener su registro como partido político nacional. Ello beneficiaria a la democracia y al buen uso de los recursos públicos.