Han iniciado las campañas para que las personas que se postularon -y llegaron hasta este momento- puedan ser elegidas por voto popular para ser ministro(a), magistrada(o) o juez(a) del Poder Judicial de la Federación, uno de los poderes de la Unión a través de los cuales “el pueblo ejerce su soberanía”, de acuerdo con los artículos 41 y 49 de nuestra Constitución.
Mucho se ha hablado dentro y fuera del país sobre los inconvenientes de esta reforma por sus posibles consecuencias, sobre todo en estos momentos en los que México requiere urgentemente de un sistema de impartición de justicia que frene la impunidad con la que actúan los criminales y dé certeza jurídica a todas las personas que algún día tengamos la necesidad de acudir a los tribunales mexicanos para pedir a un juez que nos “haga justicia”, como decimos coloquialmente.
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A esta apremiante exigencia se suma la situación desfavorable para el Estado mexicano de tener que buscar alguna forma para atraer inversión extranjera para hacer frente a un escenario de recesión económica provocada por las decisiones del gobierno inmediato anterior y a la tensión a la que el gobierno de los Estados Unidos está sometiendo a la economía de todos sus socios comerciales en el mundo, incluyendo a México, por supuesto.
¿Cuál es el temor por las consecuencias de esta reforma? Que los ministros, magistrados y jueces, al ser electos por el voto popular, en lugar de impartir justicia y dar lo que en derecho le corresponde a cada uno -sin importar de quien se trate-, terminen por torcer la ley para favorecer a quienes le hayan ayudado a ganar su elección ya sea con dinero, relaciones políticas, apoyos de caciques, o algún poderoso criminal que lo apadrine, es decir, que sirvan a intereses particulares y no a la Ley y a la justicia.
Si además esos “jueces” carecen de ética pública, o no tienen experiencia ni conocimientos en la materia que les toque juzgar, dejaría a esa zona del Poder Judicial en un ambiente propicio para cometer actos de corrupción e impunidad.
Si a usted le toca el infortunio o la desgracia de tener que acudir a un tribunal cuyos jueces carezcan de los atributos necesarios para ejercer el cargo y que hayan ganado su elección porque fueron impulsados por personajes con poder político, poder económico o poder criminal y que, para colmo, el pleito jurídico que usted tenga en contra de alguno de los padrinos de este juez, lo más seguro es que esos jueces le den la razón a sus padrinos y cometan con usted una injusticia o una vileza.
Por otro lado, se puede leer en los diarios que tanto analistas como los representantes de los países y de los dueños de las inversiones que pudieran venir a México, particularmente de Europa, ven con preocupación la reforma judicial en marcha porque saben que en cualquier conflicto jurídico con el Estado mexicano probablemente encontrará en sus futuros tribunales jueces con “dados cargados” a favor del gobierno, aunque este cometa una serie de arbitrariedades.
Hay muchas razones para sostener que esta reforma al Poder Judicial es y será un desastre para nuestra República y sus entidades federativas (pronto veremos esto mismo en Puebla). Aquí hemos destacado las más obvias: si acudimos a la autoridad para que impartan justicia y predominan jueces apadrinados, las y los ciudadanos no seremos iguales ante la Ley y, por lo tanto, no tendremos certeza jurídica para resolver nuestros conflictos por la vía del derecho, con todas las consecuencias que ello traería, y no habrá quien quiera invertir en un país en el que los jueces darán siempre la razón a sus padrinos.
En consecuencia, no podremos fortalecer nuestra economía ni se tendrán los impuestos suficientes para sostener los programas sociales que muchas familias necesitan. Además, puede ocasionar más perjuicios de los que se supone iba a resolver, entre otros, el problema de la corrupción en el Poder Judicial que se supone se va a erradicar con esta reforma.
Sin embargo, así están las nuevas reglas en cuyo contenido recae en la ciudadanía la grave responsabilidad de elegir a quienes van a impartir justicia (cosa que en ningún país realmente democrático ocurre) los próximos ¡doce años!
Esto último obliga a no compartir la actitud abstencionista que predica que lo mejor es no votar porque así se va a deslegitimar esta elección y con ello la reforma judicial. Los jueces, magistrados y ministros lo serán gracias a quienes salgan a votar por ellos, punto. La legitimidad no es el problema de fondo. El problema principal es el tipo de juez al que, por alguna circunstancia, usted -o alguno de sus hijos- tenga que enfrentar e implorarle justicia.
Viendo las listas con los nombres de las personas que se postularon, así como sus antecedentes, podemos observar que hay personas que como jueces tal vez puedan hacer un mejor papel que otras. Hay quienes quizás merezcan tener el “beneficio de la duda” y quienes exhiben desde este momento que son “cartas marcadas” con padrinos bien conocidos.
Creemos que lo mejor es participar informándose, votar en consecuencia y vigilar a quien va a contar los votos, pero esto ya será motivo de reflexión en otra entrega.