Ha concluido la jornada electoral y desde cualquier ángulo que se le quiera ver, el saldo en materia de protección a candidatos es negativo.
Por más que el gobierno federal haya tratado de minimizar este tema, dejando fuera del conteo aquellas personas que desde su punto de vista no contaban con su registro formal ante el INE, el número de candidatos asesinados es muy alto ya que solo en último día de campaña fue prácticamente “ejecutado” a plena luz del día y pese a contar con por lo menos cinco escoltas en su primera línea de protección, el candidato a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, Alfredo Cabrera.
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Este hecho quedó registrado en un video y diversas fotografías que serán la imagen de México ante el mundo en materia de violencia en tiempos electorales. Así serán recordadas porque hay que subrayar que las buenas noticias no son noticia y como tal no venden, pero aquellas que despiertan cierto morbo y ansiedad por saber más, esas no solo son noticia, sino que la gente las consume y venden más que varias noticias buenas juntas.
Pero vayamos al tema principal de esta colaboración, en por lo menos 24 casos (22 según el gobierno federal hasta el 28 de mayo del año en curso, más dos correspondientes a los días posteriores pero previos a la jornada electoral del 2 de junio) los candidatos a diversos cargos de elección popular terminaron siendo asesinados, lo que representa la mayor cantidad respecto de los demás periodos electorales previos.
En la mayoría de los casos la razón por la cual fueron privados de la vida se debió a la ausencia de un análisis de riesgo profesional que tomara en cuenta todas las amenazas que en determinado momento pudieran convertirse en riesgos para su integridad y la de su familia, y desde luego un equipo de seguridad que incorporara escoltas armados y el uso de vehículos blindados, incluso si fuera necesario diversa indumentaria y espacios arquitectónicos blindados. Todo un diseño en paquete que contemplara todas las variables.
Al hacer un balance de lo observado y atendido de manera directa, lo que predominó fue una relativa falta de experiencia del personal en materia de protección a candidatos, funcionarios y ejecutivos, sobre todo los que provenían de la parte oficial; no por el hecho de traer un uniforme de la Policía Estatal o de la Guardia Nacional te convierte en forma inmediata en escolta, sino que se requieren conocimientos, experiencia y adiestramiento.
Lo anterior quedó evidenciado en el caso del homicidio del candidato a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, en el cual no solo falló el primer círculo de seguridad sino el evento mismo, el cual no fue planeado como un evento controlado, es decir que no pudieran ingresar personas con objetos prohibidos, con mayor razón con el antecedente de que el propio candidato ya había sido objeto de una agresión previamente y uno de los candidatos a regidor por el mismo municipio ya había sido asesinado junto con su esposa días antes.
Desde mi perspectiva, más que seguir buscando errores, deberíamos aprender de ellos en bien de la comunidad que desde el sector privado ofrece este tipo de servicios en forma integral y que por fortuna cada vez hay más; una especie de llave en mano.
A la autoridad yo le diría que debería destinar más personal, equipo y horas de adiestramiento para profesionalizar un servicio que llegó para quedarse; mientras haya riesgos habrá que atenderlos de manera profesional.
A los futuros usuarios, hablando principalmente de candidatos ofrecerles experiencia y personal capacitado y evaluando que puede ser la diferencia entre seguir vigente o ver afectada la libertad y la integridad de cara a las futuras elecciones, porque una cosa sí es segura: vendrán más procesos electorales a nivel municipal, estatal y federal y se van a necesitar.
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