La percepción registrada por la prensa va en el sentido de que la situación se descompone de manera acelerada en el último mes, y, en efecto, una empresa de comunicación social vinculada a la CIA filtra que, un individuo sujeto a proceso penal bajo prisión domiciliaria, se encarga, no obstante, de promover la elección de individuos postulados por los actuales gobernantes de la entidad.
Al unísono, bajo el sello que caracterizara al sujeto en cuestión bajo los negros días del sublime, fallido y hoy también finado Rafael Moreno Valle: la fuerza pública abre fuego contra pobladores de San Pedro, Cholula que se oponen a la edificación de un tiradero de basura tóxica, así como a la extracción inmoderada de agua en la zona.
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El mismo sello se deja sentir, cuando, tras el atentado sufrido en su domicilio y persona a sujetos cercanos a un candidato en la actual contienda electoral, los voceros oficiosos se lanzan gratuitamente y sin que medie investigación alguna concluida de por medio, a endilgar el gratuito epíteto de “montaje”, en contraste con la que mostró el candidato Armenta al manifestar solidaridad en el caso.
No cabe duda de que hay siempre límites, y hay situaciones que, como la agresión a la embajada de México en Quito o los episodios de violencia que afecten a un contendiente electoral, forzosamente deberían concitar la unidad sin regateos de por medio.
En lugar de ello, la situación se descompone, aun cuando contrariamente a lo que la percepción parece registrar, no data del último mes, viene por el contrario de mucho tiempo atrás.
Podría remontar muy bien, desde el momento en que el cardiólogo Juan Carlos Pérez-Alva, avizorara la existencia de un eventual caso de negligencia por el deceso de la muerte del gobernador en funciones.
Seguido por una elección en colegio electoral que violaba disposiciones expresas sobre los requisitos de elegibilidad, en tanto que la jauría a sueldo ladraba sobre la existencia de una supuesta distinción entre “elección en segundo grado” o “designación legislativa”, la misma que no existe: ni en los precedentes del Derecho Público mexicano ni en el Derecho Constitucional comparado, ni en la Doctrina de los tratadistas, que, por el contrario, señalan:
“Los requisitos previstos en el Artículo 82 son exigibles para todo aquel que intente ser Presidente de la República” señala Elisur Arteaga Nava en su obra Derecho Constitución, consultable a página 279 edición OXFORD 2001. No importa la vía: elección popular directa, nombramiento por parte del Congreso o de la Comisión Permanente, dado que cuando la ley no distingue, no se debe distinguir. Al respecto la Constitución no distingue, establece un principio general aplicable a todo caso, sin importar que se trate de lo que se denomina presidente “constitucional”, interino, sustituto o provisional”.
Descomposición en ciernes que, además pasó en su proceso de maduración por la intentona de poner en aplicación un Decreto contrario a las disposiciones en materia constitucional, relativas a la prohibición que pesa sobre los estados de instrumentar medidas alcabalatorias como fue el consabido y hoy olvidado por inoperante “pase turístico”; así como por el abierto desfalco de las inversiones estatales en Accendo Banco de infausta memoria en los días que corren, así como de inexistente renombre durante los días de su efímera, endeble y fraudulenta existencia.
La situación de descomposición que se vive, en la que se pretende desafiar a la lógica de Aristóteles señalando que han aparecido 91 por ciento de las 5981 piezas del acervo histórico de la localidad que, al decir de las autoridades encargadas del rubro “en realidad jamás se habrían extraviado”, y en las que, por otra parte, se designa al frente de un fideicomiso de administración de reservas territoriales a quien fungiera en tiempos del sublime, fallido y hoy también finado Rafael Moreno Valle como Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, y quién se habría desempeñado años atrás como delegada Fiduciaria del Grupo-Financiero Scotiabank-Inverlat, responsabilidad en el que habría llevado a cabo acciones por demás cuestionables:
Los días 13 y 15 de abril del año 2000, un comando armado asaltó el predio denominado “La Laguna”, ubicado en el sur de la Ciudad de Puebla, despojando a sus legítimos poseedores. Los integrantes de dicho comando, al rendir su declaración ante el agente conducente del Ministerio Público, adujeron como justificante de su actuación el hecho de que contaban con un acta de aplicación de bienes levantada dentro de un proceso sucesorio.
El predio materia de la sucesión en cuestión y reseñado en el acta de referencia, no obstante, no coincidía en sus medidas y colindancias con el predio materia de la ocupación violenta verificada los días 13 y 15 de abril del año 2000, según fuera constatado a cabalidad por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.
Descomposición que, efectivamente gravita contra la más elemental lógica plasmada en las “categorías”, los primeros y segundos “Analíticos”, y a los “Tópicos”: al Órganon de Aristóteles, cuando la autoridad electoral se declara competente para desahogar conocer de una consulta pero incompetente para resolverla, ya que niega su propia competencia para calificar la legal elección de un gobernador, lo que la hace incompetente para conducir el proceso electoral en marcha. Designase a un integrante del gabinete que sigue siendo legislador y asume ambas situaciones en abierta contravención con el Artículo 116 de la Constitución.
Hoy, las tarifas del agua se incrementan, y en el Poder Judicial de la Federación se deja sentir una influencia para frenar los reclamos en contra de la concesionaria del servicio. La prensa local consigna declaraciones en el sentido de que el aumento de las tarifas es atribuible a la actual legislatura, precisamente, la que votó por erigir como gobernante a un sujeto inelegible.
Por otra parte, los fallos incoherentes del Poder Judicial de la Federación en asuntos que conciernen a la concesionaria de tal servicio, en nada contribuyen a mejorar la percepción de un poder en entredicho en el debate público de la nación.
Por lo demás, fallos de tal talante enrarecen el ambiente, precisamente en momentos en que, a contracorriente de lo que se ha venido reseñando el candidato Armenta declara expresamente:
“¡Vaya cinismo con el que opera Agua de Puebla para Todos! Mientras en la mayoría de las juntas auxiliares no se cuenta con el servicio de distribución, el pasado 30 de abril se consumó en silencio el aumento de las tarifas de agua.
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