Este 20 de febrero es el Día Mundial de la Justicia Social, siendo la promoción de esta el objetivo central que guíe todas las políticas internacionales, nacionales y regionales. Esta justicia social comprende, entre otras cosas: la promoción del trabajo decente y una agenda de globalización justa centrada en los derechos humanos, las oportunidades de empleo, la protección social, identificar a la diversidad como virtud y no como incoherencia, (a mayor diversidad mayor riqueza en nuestra comunidad), por eso es fundamental impulsar el diálogo social constructivo entre gobiernos, empleadores, trabajadores para situar la justicia social en el centro.
Pero, ¿qué es la justicia social? Se basa en la defensa de la igualdad de oportunidades, lucha contra la discriminación y defensa de los derechos de todas las personas. Trasciende el concepto tradicional de justicia legal. Todas las personas debemos tener acceso al disfrute de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la identidad, a la supervivencia, a la expresión con libertad, a la educación, entre otros derechos, así como a ser tratados con respeto y dignidad. La Justicia social promueve los derechos y las obligaciones de las personas que forman parte del colectivo social de manera igualitaria, justa y equilibrada.
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La justicia social solo es posible cuando se eliminan todas las barreras de género, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad; por lo mismo necesitamos una gobernanza inclusiva y eficaz del trabajo, la garantía de oportunidades de empleo y aprendizaje permanente, la reforma de las instituciones para lograr resultados más justos en el mercado laboral y la ampliación de la protección social a lo largo de la vida de las personas.
¿Qué busca la justicia social? Busca erradicar la pobreza, procurar la igualdad entre los géneros, el acceso al bienestar social y la justicia para todos, velar por la protección social universal, lograr el desarrollo sostenible, promover el pleno empleo y el trabajo decente, pero también debemos como colectividad repensar si necesitamos fortalecer o modificar el contrato social existente hoy y que se ha visto amenazado por el aumento de los conflictos, las desigualdades y las crisis, tal vez modificar este contrato sea una solución más viable que fortalecer el existente.
Todos los años los días mundiales e internacionales tienen motivos y objetivos, en este año 2024 el día mundial de la justicia social, busca su promoción, la cual no debe quedar solo en decir qué es y para qué sirve, además debe ser para motivar a toda la colectividad para salir de áreas de confort y generar revoluciones internas que nos permitan vivir un mejor futuro, los ingredientes de la justicia social o cómo la podemos alcanzar, variará entre naciones, también es distinto entre una comunidad y otra, pues se vive diferente, se heredan tradiciones y conocimientos distintos, se ve la vida desde realidades distintas y por lo mismo, para alcanzarla, es necesaria que se establezcan líneas generales para todas y todos. De igual manera es necesario que tanto en la acción como en los objetivos que se pretenden llegar, deben ser generados conforme la realidad local.
Por lo anterior es necesario que para que exista justicia social, debemos de estructurar el proceso de intervención sin pretender conseguir los mismos productos o resultados particulares, por eso es tan necesario la construcción de crear el Sistema Estatal de Derechos Humanos y su intervención mediante la municipalización del humanismo mexicano.
Pero, ¿qué es el Sistema Estatal de Derechos Humanos y la municipalización del humanismo mexicano?
El Estado Mexicano en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) tienen, por mandato constitucional en su artículo primero, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ninguna autoridad se encuentra exenta, sin embargo, dada la magnitud del tema, ha sido una constante que su cumplimiento se diluya en su aplicación, incluso existen autoridades municipales que señalan que al no estar contemplado en su artículo 115 constitucional, a ellos no les corresponde atender este rubro, por ello es necesario generar los mecanismos y herramientas que hagan efectiva esta disposición, aunado de la necesidad de armonizar la norma constitucional para fortalecer la obligación de las autoridades en los tres niveles de gobierno.
La propuesta que se pone sobre la mesa para alcanzar este objetivo es la creación del Sistema Estatal de Derechos Humanos el cual es una armonización de acciones por parte del Estado en coordinación con la sociedad civil, con el objeto de romper la cultura de violencia en general y favoreciendo a la dignidad de todas las personas con especial énfasis en los sectores más vulnerables, que suelen ser víctimas de diversos tipos de violencia como lo es la discriminación entre otras. Estas acciones construyen procesos empáticos de procesos que permitan construir desde lo local, pero también que las activaciones desde el centro lleguen a todos los rincones del Estado, logrando mejorar sus opciones de vida, aprovechar la diversidad existente para potencializar el alcance de objetivos de la comunidad, reconstruir el tejido social, principalmente la eliminación de la violencia y conflictos. De igual manera se prevén mecanismos de consulta e interlocución entre los integrantes, acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, y con ello enfrentar los retos que impone el desarrollo y evolución de la sociedad, el fin último es crear, afianzar y mantener una cultura de paz, de no discriminación y de Derechos humanos.
Hasta hoy la política pública en materia de derechos humanos ha sido diseñada y aplicada de manera descendente, generalizada y ajena a la realidad de los destinatarios. Es necesario repensar los mecanismos de intervención y que los derechos humanos respondan a las características de la región, necesidades de cada ciudadano, problemas particulares de los grupos sociales de una zona específica, y ¿qué autoridad es la más cercana y primer conocedor de esas realidades? Los municipios, estos son los que de manera inmediata conocen, atienden y resuelven los problemas que surgen en su entorno, por ello son la instancia idónea para que en conjunto con la sociedad consigan la promoción, enaltecimiento, difusión y visibilización de los derechos humanos. Y también ellos deberán ser los primeros en asegurar su respeto y garantizar su ejercicio.
La coordinación y colaboración entre el municipio, el Estado y la Federación es de vital importancia, cada uno en su ámbito de competencia y funciones, permitirá que los derechos humanos hagan realidad el modelo de humanismo mexicano que es la base de la Cuarta Transformación que hoy es una realidad a nivel nacional atribuible al titular del Ejecutivo Federal, donde visualiza a los sectores en condición de vulnerabilidad, impulsa su desarrollo, crecimiento y riqueza, gracias a la diversidad, en un contexto de participación, colaboración y honestidad, pero necesitamos primero hacerlo una realidad en el estado de Puebla y segundo, necesitamos que esto sea aplicable en los más de 2,000 municipios en el País, por lo mismo la municipalización del humanismo mexicano se debe entender no como una simple reforma jurídica o administrativa, sino como el mecanismo y la herramienta que permitirá el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos individuales y colectivos de todas las personas, lo que nos permitirá estar cada vez más cerca de lograr la justicia social en nuestro Estado.
Esta participación es una colaboración en conjunto de Miriam Chávez Gómez y su servidor, agradeciendo a Miriam su acompañamiento…