Desde 2012 una de las peticiones de quienes contenderían como candidatos a puestos de elección popular a nivel nacional, desde gobernadores, senadores y diputados federales hasta presidentes municipales, fue que las autoridades les brindaran seguridad durante el desarrollo de sus campañas ante la situación de violencia que prevalecía en algunas regiones del país, sin embargo al momento de realizar el análisis de riesgo, en la mayoría de los casos se trataba de percepciones derivadas de la alta exposición mediática de algunos hechos aislados, no como ahora que la delincuencia organizada tiene presencia en varios estados del país y en algunas regiones hasta cuenta con base social, como lo reconoció recientemente el secretario de Seguridad del Estado de México, enfatizando que eso dificulta la acción de seguridad en municipios del sur de la entidad colindantes con Morelos, Michoacán y Guerrero.
No obstante que en la mayoría de los casos no ameritaba destinar personal de seguridad de manera permanente en torno a los candidatos en aquel tiempo, se acordó con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) asignar dicho servicio a todos los contendientes al cargo de gobernador previa solicitud ante dicho organismo, mientras que la seguridad de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados a nivel federal se definiría conforme al nivel de violencia registrado en los estados donde realizarían sus campañas y un análisis de riesgo de manera individual a cada aspirante.
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Fue así como se clasificaron los estados y municipios con alta incidencia de homicidio doloso, lesiones, secuestro, extorsión, robo en sus diversas modalidades y antecedentes de agresiones a personas vinculadas con la actividad política en tres categorías “A”, “AA” y “AAA”, siendo éstas últimas las de mayor riesgo, y con base en ello se asignó personal de la Policía Federal (PF) y vehículos blindados, si la situación lo ameritaba, con la consecuente inversión en recursos materiales y humanos por parte del gobierno federal.
En lo que se enfatizó en aquel entonces fue que seguridad personal que no sea presencial y permanente no garantizaba protección total a quien se le asignaba, ya que los rondines y teléfonos de contacto para llamadas en casos de emergencia eran útiles solo para quienes no corrían riesgo real alguno, además de que la seguridad de las personas y con mayor razón de los candidatos cuesta dinero y cuesta mucho.
Para atender a los contendientes a puestos de elección popular a nivel estatal y municipal, se coordinaron estrategias y ponderaron estados de fuerza de personal con los gobiernos de los estados e incluso con municipios que contaban con cuadros capacitados para tal fin. Junto con ellos se definieron protocolos homologados y coordinados con la federación para brindarles apoyo en caso necesario.
Aun así, los recursos económicos siempre fueron finitos y tuvieron que hacerse esfuerzos extraordinarios para brindar seguridad a quien lo requería y tranquilidad a quien desde su perspectiva podrían ser blanco de algún tipo de agresión durante sus recorridos de campaña en su área de influencia.
A la distancia hoy nos damos cuenta que la propuesta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Instituto Nacional Electoral (INE) es idéntica y solo varía en la forma de expresar los niveles de riesgo, al pasar de la clasificación “A”, “AA” y “AAA” a niveles “Bajo”, “Medio” y “Alto”, lo cual desde mi punto de vista es correcto.
La conclusión al respecto sería que no es tiempo de inventar nuevamente el agua tibia o el hilo negro, ya hay mucho camino recorrido desde los tiempos de la PF, solo es cuestión de retomar y actualizar los protocolos existentes, incluyendo algunos recursos humanos bien calificados que por ahí todavía existen en lo que hoy es la Guardia Nacional (GN).
Es decir, experiencia hay, lo que no sé si existan son los recursos económicos para tal fin y que estos alcancen, ya que en los últimos años no hubo inversión en materia de protección de funcionarios y habrá que invertir de último momento con todo lo que ello implica, precios más altos y escasa disponibilidad inmediata de vehículos blindados, por ejemplo.
Tampoco estoy seguro que el personal de la GN con conocimientos de protección de personas en riesgo sea suficiente, lo que obligaría a formarlos de manera express y no como la situación lo amerita. Me temo que ni el personal ni los vehículos blindados serán suficientes ya que todavía andan por ahí circulando algunas camionetas blindadas de la GN modelo 2012 o anteriores, porque simple y sencillamente se dejó de invertir; la austeridad republicana no permitió adquirirlas en la cantidad necesaria y solo alcanzó para algunas camionetas nuevas para integrantes del gabinete de seguridad y algunos recomendados que con frecuencia se suben en convoyes oficiales al segundo piso del periférico de la Ciudad de México (con ambulancia de apoyo incluida), donde con estrobos, sirena y altoparlante a todo volumen pasan por encima de los ciudadanos que circulan en medio del tráfico matutino, y eso que todos esos excesos se iban a acabar por neoliberales.
De lo que sí estoy seguro es que en el sector de la seguridad privada, en particular la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), el Consejo Nacional para el Desarrollo Profesional de los Escoltas y Choferes Ejecutivos (CONAPECE), y el Consejo Nacional de la Industrial Balística (CNB) existe personal evaluado y capacitado, así como vehículos convencionales y blindados que pueden complementar las labores que de último momento decidió retomar la autoridad federal, quizá más obligado por las circunstancias que por así convenir a sus intereses.
En adición a lo anterior, debe quedar en claro que un rondín o un teléfono de contacto para casos de emergencia ya no son suficientes; ahora es necesario un esquema de protección de tiempo completo, escalonado, estratificado o como le quieran llamar pero permanente, sobre todo para aquellos aspirantes que residan o tengan que recorrer sitios donde mantienen presencia y “control político” grupos de la delincuencia organizada, que para desgracia del país cada día son más y tienen la capacidad de influir en los resultados de las elecciones, independientemente de la narrativa oficial que nos quieran imponer de que México es un país pacífico.
Las cosas en materia de violencia y delincuencia han cambiado y desafortunadamente han cambiado para mal, por lo que el nivel de riesgo para candidatos e incluso ciudadanos que residen en las zonas donde se registran a diario homicidios dolosos, lesiones, secuestros, extorsiones, cobro de piso y robos en sus diversas modalidades. Las soluciones requieren, además de tiempo y recursos económicos, talento, mucho talento; los recursos como quiera se consiguen, pero lo segundo hay que buscarlo con más anticipación porque no florece por sí solo con la llegada de las lluvias. El tiempo dirá si estábamos equivocados o no, pero por ahora van siete precandidatos asesinados y la seguridad será solo para los candidatos.