Para aquellos que pudieran alarmarse con esta noticia de inicio de año, me gustaría comentar que, si bien es una emisión histórica en moneda extranjera, no es sino una medida coyuntural que proporciona condiciones de liquidez al gobierno federal en la partida de pagos de deuda a un menor costo. La ventaja es que el pago de los vencimientos de esta deuda está denominado en dólares y por tanto el costo ponderado es de aproximadamente 6 por ciento anual. En términos coloquiales, este gran logro de colocación de deuda, en realidad es un refinanciamiento en dólares.
Hablamos de mil millones a 5 años, 4 mil millones a 12 años y 2.5 mil millones a 30 años, que arrojan un promedio ponderado de costo de financiamiento de 6.07 por ciento anual. Es decir, comparado con un costo de casi el doble que representa nuestra deuda en pesos mexicanos, la emisión es un logro interesante que proporciona liquidez en el rubro de costo financiero y “patea el balón” unos años hacia delante para salir del paso.
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El total emitido equivalente en MXN es de alrededor de 127,500 millones o el 7.5 por ciento del déficit fiscal proyectado durante 2024, proporción que permite reducir ligeramente el costo financiero total de MXN1.2 billones proyectados para este año. Esto es, la emisión en moneda extranjera equivale aproximadamente al 10 por ciento del total del costo de deuda en 2024.
En este sentido, dado que el riesgo cambiario en estos momentos es relativamente bajo debido a las condiciones actuales del mercado, resulta conveniente incrementar la proporción de deuda denominada en dólares a diferencia de pesos mexicanos, con la consecuente ventaja de un menor costo de financiamiento, asumiendo una baja probabilidad de devaluación que, de no ser tal, derivaría en una exposición al incremento del monto de deuda, resultado de una devaluación del peso mexicano.
Sin embargo, no debemos perder de vista que la proyección de déficit para 2024 alcanza sus niveles más grandes en los últimos años, calculado una proporción de más de 5 por ciento del PIB al cierre de este año y un balance primario también negativo en 1.2 por ciento como proporción del PIB. Lo anterior significa que es preciso recurrir a deuda para lograr cubrir los gastos programados para el año, adicionalmente a recurrir al mismo procedimiento para pagar deuda pendiente.
Este escenario refleja no solo una astringencia en la liquidez del presupuesto federal sino de una crisis de solvencia para pagar lo que se gasta con lo que se ingresa.
La respuesta a una solución de fondo a esta estructura presupuestal en realidad no es tanto “patear el balón hacia adelante” sino recurrir a modificaciones estructurales en el presupuesto. Dichas modificaciones, lejos de implicar incremento de tasas impositivas, tienen que ver con estrategias de ampliación de la base gravable, es decir, que una mayor proporción de la actividad económica sea sujeta de pago de impuestos. Tal escenario es difícil de imaginar en un año electoral, por lo que el escenario, podría decir que casi sin lugar a duda, es mantener soluciones de corto plazo que den salida a cuellos de botella de liquidez, como lo es emitir deuda, sin resolver el problema de fondo, un problema de solvencia, que en un año electoral es prácticamente imposible de imaginar.
El reto entonces, claramente, ya no está en manos de la actual administración, sino será para el próximo titular del Ejecutivo Federal, quien tendrá en sus manos la oportunidad de devolver el rumbo a una estructura presupuestal tendiente a generar recursos a partir de una mayor recaudación producto de dos factores fundamentalmente: crecimiento económico y fortalecimiento de la base gravable.