“Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable.” Cicerón
No solo hay una definición para una palabra de código del Departamento de Defensa de los EE. UU. como “Flecha rota”. Se refería solo a un incidente que involucra pérdida, daño u otra víctima que involucra un arma nuclear. Pero en el momento en que unidades del ejército estiman que el enemigo los tiene rodeados y en peligro inminente de ser aniquilados, piden fuego de artillería o bombardeo aéreo para impedir o aniquilar al enemigo, aún así sea a unos pasos de las trincheras con el mensaje de “peligro cercano”, conocido como “Flecha Rota”.
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Ante el clima político presente en México, la llamada “oposición” articulada por Claudio X. González, como cabeza visible de una oligarquía feroz, se resiste a no aceptar que su tiempo de glorias y triunfos de ser cómplice de un sistema tecnócrata, que les redituó inmensas ganancias personales, gracias a la corrupción, mediante beneficiarlos con la privatización de medios de comunicación como Televisión Azteca, ferrocarriles, minas, energía eléctrica, petroleras, bancos, un largo etcétera, aunado a no pagar impuestos, denigrando y empobreciendo el aparato estatal, social y agrario; a partir de 2018, donde la mayoría de la ciudadanía mexicana determinó un ¡ya basta!, para iniciar otro rumbo electoral y de gobierno.
No conformes con su otra realidad, se plantean la disyuntiva de atrincherarse para iniciar otra guerra de baja intensidad, es decir, creando diversos frentes de batalla mediante el invento de las llamadas “organizaciones civiles”, así como inventar una alianza partidista en su Triada PRIAND como ariete político y combatir desde la trinchera o salir con bayoneta calada, simulando ser valientes, heroicos y “honestos” soldados, para combatir al gobierno que acusan de ser “peligro para México”, de ser “comunista y populista”, sin excluir que se se crean diversos aparatos de control y golpeteo “legal, jurídico y de amparos”, contra toda disposición de ejercicio de gobierno en obra pública, infraestructura ferroviaria como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, hospitalaria, medicinas, libros de texto, seguridad nacional y un largo camino “legal”, tal como Claudio X. González, utiliza a organizaciones supuestamente de la sociedad civil, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) o el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) donde se tejen las estrategias legales y políticas contra el gobierno federal, así como su identificación con el INE e INAI.
Con el fin de garantizar sus luchas contra quienes les impiden retomar el control del poder en y desde el gobierno, para retomar el camino perdido en seis sexenios tecnócratas y de impunidad a todo galope, para garantizar que sus demandas y amparos cobren sentido y fuerza, además de que sean un obstáculo contra los planes de gobierno federal, qué mejor aliado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde sus operadores concretan todo, menos el ejercicio y aplicación de la ética jurídica como democrática, torciendo o deformando a su antojo desde la Constitución a leyes que deriven, magistrado que se apegan a la alianza perversa de no apegarse a la justicia y lógica jurídica, mucho menos a una filosofía del derecho, torciendo, deformando, castrando o ignorando dichos preceptos éticos, axiológicos y deónticos, todo con el fin de hacer de las “leyes” su libre albedrío.
La cosa no está completa sin antes integrantes de la SCJN juegan a las matatenas como también a ser juez y parte, porque, tenemos a dos ministros de la Suprema Corte forman parte del Instituto Mexicano del Amparo, asociación civil que litiga contra el gobierno de López Obrador. Se trata de Luis María Aguilar –quien buscaba separar del cargo al actual presidente de la República– y Alberto Pérez Dayán. Dicha asociación civil fomenta los juicios contra los libros de texto gratuitos. Además, se manifestó por la destitución de la ministra Esquivel; presentó un recurso para ser “amiga” de la Corte (amicus curiae) en la acción de inconstitucionalidad para que los juzgadores ganen más que el primer mandatario; y se pronunció contra las reformas a las industrias eléctrica y minera. Su titular, incluso, escribió un ensayo en el que sugiere imputar cargos penales a AMLO y buscar destituirlo cuando jueces, magistrados o ministros ordenen liberar delincuentes, y los funcionarios federales desacaten esas instrucciones.
Precisamente los ministros de la SCJN, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán, quienes son integrantes activos de esa asociación civil y que han mantenido coincidencias en sus tácticas de “guerra jurídica o legaloide”, que recurren a la estrategia de la AC es promover que la ciudadanía presente en forma masiva juicios de amparo contra la distribución de los libros de texto gratuitos, al facilitar la libre descarga de un formato con esos propósitos, al que sólo hay que rellenar espacios en blanco y presentarlo. Esta denuncia al Presidente de la República y a la Secretaría de Educación Pública llama la atención porque precisamente el ministro Aguilar Morales es quien, en forma fast track, otorgó dos suspensiones con esos mismos propósitos a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila.
Siguiendo el mapa estratégico, también han amparado a diversos personajes pertenecientes al crimen organizado, que autoridades federales los han capturado con armas exclusivas del ejército y drogas, logrando su liberación; sumando el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien por sexenios se ha negado a pagar impuestos, mismo que el Gobierno de la República, mediante demandas y juicios le exige el pago, resultando que el ministro Luis María Aguilar Morales tiene a su resguardo todo el proceso legal durante ya diez meses, sin explicación alguna. Donde la alianza entre Salinas Pliego y el ministro no tienen alcance ni prepotencia, es en Estados Unidos, donde la Secretaría del Tesoro demanda a Salinas Pliego el pago de seiscientos ochenta millones de dólares en impuestos, que también el potentado de Televisión Azteca se resiste, pero, ya le notificaron de que paga o paga, de lo contrario les serán incautadas sus propiedades en dicho país.
“Muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede convencerles que hagan justicia”. Bertolt Brecht (1898 - 1956), dramaturgo y poeta alemán
No cabe duda, la corrupción política, entendida como utilización espuria, por parte del gobernante, de potestades públicas, en beneficio propio o de terceros afines y en perjuicio del interés general, es un mal canceroso que vive en simbiosis con el sistema democrático, a pesar de ser teóricamente incompatible con el mismo, y que debe preocupar muy seriamente a todos los demócratas, ya que corroe los cimientos de la democracia, en tanto que elimina la obligada distinción entre bien público y bien privado, característica de cualquier régimen liberal y democrático; rompe la idea de igualdad política, económica, de derechos y de oportunidades, pervirtiendo el pacto social, traiciona el Estado de Derecho, supone desprestigio de la política y correlativa desconfianza de la ciudadanía en el sistema, desigualdad en la pugna política, violación de la legalidad y atentado a las reglas del mercado.
Corrupción que corroe los cimientos de la justicia, cercenando todo valor ético, desollando las aspiraciones de la legalidad de una sociedad cansada y harta de cómo la impunidad de quienes detentan el poder económico y político, los convierte en cómplices voraces contra la soberanía nacional, contra las libertades sociales, contra su derecho a vida digna y democrática de poder vivir con libertad, sin ser objeto de manipulación, enajenación o alienación, de mantener con gallardía sus derechos todas frente y contra los apátridas.
Una vez más se recurre al Observatorio de Lawfare CELAG (OL), donde nos orienta perfectamente las características conductuales de cómo es el verdadero perfil voraz de la maquinaria de la corrupción de la oligarquía, de una política cimarrona partidista que les fue arrebatada sin identidad y dignidad, para servir fielmente a dichos intereses que no son de la nación y mucho menos del pueblo, ya sea de la soberanía como en la vida diaria laboral y educativa; todo lo contrario, obedecen a su mezquindad y oprobio sin remordimiento alguno, porque pesa más su verdadera personalidad, el dinero y miseria moral.
“Cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres en una sociedad, con el paso del tiempo crean un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica”: Frederic Bastiat
“Esta guerra opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida equilibrio entre poderes habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley. El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de sectores o líderes políticos. Esta dinámica se alimenta con voces de especialistas (muchas provenientes de Think Tanks orgánicos en medios como quienes se asumen como intelectuales) que tienen fuerza de verdad y eco en los principales de medios y redes sociales. Es llamativo el rol de agencias de gobierno e intereses del sector privado involucradas tanto en los procesos judiciales como en los resultados y eventos posteriores a los mismos, que muestran la instrumentalización del aparato judicial-med iático a favor de objetivos económicos, políticos y geopolíticos foráneos, que comparten intereses y negocios con minorías privilegiadas locales”.
rodrigo.ivan@yahoo-com.mx