Este 2 de noviembre es el Día internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas y con este día me llega a la mente el más reciente caso que poco se viralizó en redes, que la gente ajena al círculo rojo y al periodismo no supo y por consiguiente no se detonó como un enorme escándalo social, siendo el doloroso y lamentable caso de la detención, difamación y violencia ejercida contra el compañero reportero Juan Carlos Cacho ordenado por la presidenta municipal de San Pedro Cholula Paola Angon en torno a su segundo informe de gobierno. Frente a la incapacidad, impudencia y ausencia de ética del Ayuntamiento de San Pedro Cholula surgió la violencia autoritaria, despótica y dictatorial de una presidenta municipal enmarañada, azuzada, ausente, errática y frustrada.
Pero ante esto deberíamos tener herramientas y mecanismos que pudieran en el Estado sortear a estos malos gobiernos, y aunque en teoría existen, pero o no funcionan o fueron creados para que no funcionaran
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236 casos en los últimos cuatro años se tienen registrados en el Estado de Puebla, esto hasta antes de que sucediera el caso de nuestro compa Juan Carlos Cacho; y en los últimos once años han sido asesinados cuatro periodistas: el primero el 14 de noviembre del 2012 contra Adrián Silva Moreno, 15 de abril 2013, Alonso de la Colina Sordo, 15 de septiembre del 2016, Aurelio Cabrera Campos y el más reciente 23 de mayo 2023, Marco Aurelio Ramírez en Tehuacán, siendo el año 2020 el año donde se acumularon más casos reportados con 75, esto hizo que Puebla estuviera en el segundo lugar con mayores casos de violencia a periodistas solo por debajo de CdMx con 92 agresiones.
El tipo de agresiones que se vive en el Estado de Puebla contra periodistas son diversas siendo el uso ilegítimo del poder público, privación de la libertad, intimidación, hostigamiento y ataques físicos; tal fue el caso a Juan Carlos Cacho el pasado 13 de octubre del 2023, situación que fue documentada por diversos medios de comunicación que realizaron sus transmisiones en vivo o que subieron a sus portales posteriormente, pero también están los casos de amenazas, bloqueo o alteración de contenidos, acceso ilícito a cuentas en línea, ataques a bienes materiales, dominios y cuentas falsas y denegación de servicios como ataques a los medios, siendo que la mayor cantidad de personas identificadas como los agentes agresores son aquellas que se dedican al servicio público y en menor cantidad personas vinculadas actividades no legales
Existe a nivel federal el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y Periodistas que está sobresaturado por tantos casos que existen diariamente a nivel nacional y también en el Estado de Puebla existe la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que no es funcional, la cual se creó mediante acuerdo el 17 de julio del 2017 y sesionó por primera ocasión el 2 de agosto del mismo año. Esta comisión desde su creación hasta este momento solo ha sesionado cuatro veces en siete años cuando tiene la obligación se sesionar al menos tres veces al año, siendo el 8 de febrero del 2022 el último día que sesionó sin la presencia del extinto gobernador Barbosa.
La Comisión antes descrita debería haber sesionado de manera inmediata para el caso de Juan Carlos Cacho y Máximo Ortega Mello, sin embargo aun está en tiempo para convocar a sesionar para establecer los mecanismos y alternativas frente a la violencia sistematizada que se viven en San Pedro Cholula contra los periodistas y activistas, pues Juan Carlos vivió esta violencia pero previo a esto también la vivieron todos los periodistas que cubrían la detención de Máximo Ortega Mello, líder de la agrupación de comerciantes y prestadores de servicios “Antonio Ortega Castillo”, quien organizó la manifestación contra Paola Angon en su segundo informe, quien también fue objetivo de esta violencia y de quien nada o casi nada se ha mencionado, pues se trató de la actuación de la fuerza pública contra una manifestación pacifica y detención arbitraria de quien la convocó.
Existe una subsecretaría anidada en Gobernación que tiene una dirección que debería atender a los defensores y periodistas en riesgo, pero que o no está funcionando o de plano ya la extinguieron y a nadie le han avisado porque nadie nos da razón de ella.
Tenemos dentro de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que le compete atender los delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, pero que hasta este momento no conocemos o no sabemos que exista alguna condena o se tenga detenido algún responsable de cometer alguno hecho ilícito contra periodistas o defensores en el Estado.
También tenemos una Comisión Estatal de Derechos Humanos que está totalmente ausente de lo que pasa en Puebla y es dispersa en las acciones que pretende realizar, si es que está realizando alguna que vayan encaminadas a la prevención, deconstrucción y mejora para el desarrollo de las actividades de periodistas y defensores de derechos humanos en el Estado.
Y lo mas grave, no existe en el Poder Judicial una magistratura, un juez especializado o una unidad jurídica que se esté o se haya especializado para que atienda estos casos cuando lleguen a surgir.
En conclusión, identificamos que el Estado de Puebla tiene las herramientas y en la mayoría de los casos las unidades administrativas pero que es totalmente ausente de construir políticas públicas, acciones de gobierno y mucho menos políticas de Estado que vayan encaminadas a que tanto periodistas como defensores de derechos humanos dejen de ser la población de mayor riesgo en la entidad y mucho menos se tienen acciones de prevención que inhiban, rompan y deconstruyan a los violentadores que se tienen claramente identificados, que corresponde a personas en el servicio público principalmente; y en el caso de Juan Carlos Cacho (periodista) y Máximo Ortega Mello (activista) son toda la estructura administrativa del Gobierno de San Pedro Cholula y nada están haciendo las instancias anteriores para prevenir, reaccionar, actuar, acompañar, sancionar y provocar la no repetición de lo sucedido.
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