Hace unos días se conmemoraron nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero, donde hasta el momento, no se ha dado resolución ni justicia a uno de los peores crímenes de Estado en la historia de México.
Desde que ocurrieron los acontecimientos hasta el día de hoy, el caso Ayotzinapa ha sido ejemplo claro de la brutalidad de la violencia y la corrupción en el país. Los hechos llevándose a cabo bajo el mando y por diferentes personas e instituciones de todos los niveles políticos.
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Así mismo, la “verdad histórica” fabricada en la administración de Peña Nieto fue una de las acciones más directas y evidentes de un hecho que desgraciadamente es inherente a la cultura política mexicana: la corrupción e impunidad. Donde se fabricaron y sembraron pruebas para proteger a los responsables de la desaparición forzada en septiembre de 2014.
Al inicio de este sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró a favor de la resolución del caso implementando la Comisión para la Verdad Ayotzinapa, asegurando que se llegaría a la verdad y no se protegería ningún implicado a diferencia de la administración anterior.
Junto a ello, desde su campaña presidencial hasta en sus discursos diarios, el actual presidente se ha empeñado en repetir y hacer hincapié acerca de una administración con cero tolerancia a la corrupción e impunidad. Sin embargo, la actual situación del caso Ayotzinapa, indica un escenario diferente a lo prometido.
Hace unos meses con el GIEI, grupo de expertos a cargo de la investigación, anunció su salida del caso y del país, donde en su último informe declaraban que el caso no puede ser resuelto en tanto el Ejército no libere información crucial para seguir con las investigaciones; encontrándose nuevamente con bloqueos de información que pretenden proteger a más implicados.
A esto, en contraste con el discurso diario de cero tolerancia a la corrupción, el presidente se ha mostrado a favor del Ejército, asegurando que la información ha sido provista, no obstante, la realidad difiere de sus declaraciones. Mostrando una cara que indica otra administración que nuevamente protege a los culpables y abandona su compromiso con las víctimas, familias y el país entero.
A pesar de los avances con la investigación, el hecho de que se esté protegiendo nuevamente a instituciones implicadas como el Ejército solo y las inconsistencias que la investigación sigue teniendo, no corresponde a una resolución y justicia, sino a la creación de una “segunda verdad histórica", donde los compromisos y promesas del gobierno federal abona más a las mentiras de la nación.