El 14 de septiembre se conmemoró el Día del Trabajador de Televisión y de Radio en México, donde se celebra la labor que desempeñan muchas personas que trabajan con el objetivo mantener informada a la población, labor que no solo se encarga de informar, sino que en nuestro país lo hace en situaciones adversas.
De acuerdo con Artículo 19 en su último informe anual sobre la situación del país “Voces contra la indiferencia” en cuanto a libertad de expresión, registraron un total de 41 asesinatos a periodistas en lo que va del sexenio.
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Junto a ello, en 2021 y 2022, el actor social que más violentó a la prensa fue el Estado, en 2022, de los 696 casos documentados de agresiones contra la prensa, 296 casos, es decir, un 44,53% fueron cometidos por funcionarios públicos. Recalcando que se consideran agresiones desde intimidación por medio del discurso, estigmatización, acoso judicial, amenazas, acciones en contra de la integridad física e incluso la muerte.
Desde el inicio del sexenio, la tendencia a descalificar a la prensa por medio del discurso ha sido una realidad que ha agravado la situación de violencia hacia medios y periodistas; donde como ya sabemos, desde el discurso del gobierno federal se tiende a catalogar como “fifís” a aquellos que cuestionan sus acciones.
Sin embargo, esta tendencia, que en su momento parecía para muchos inocente, ha sido el escenario que ha motivado tantos asesinatos a periodistas y comunicadores; y que ha legitimado una postura donde funcionarios públicos pueden hacer uso de su poder e influencia para atacar y estigmatizar a quien ejerce de manera responsable y salir impunes de ello.
De acuerdo a los datos de Artículo 19, de las mil 592 indagatorias por delitos contra periodistas, de 2010 hasta diciembre de 2022, solo 32 casos han sido sentenciados, es decir, el 97% de los casos de violencia contra la prensa, queda impune.
Esto influye directamente con el hecho de que cada 13 horas ocurra un delito contra la prensa. Las implicaciones de esto, no solo se limitan a violentar los derechos del gremio periodístico, sino también, se limitan los derechos de la sociedad a estar informados. Junto a ello, al afectar el derecho a la libre expresión, se ven en riesgo actores sociales, como activistas, defensores de derechos humanos, colectivos, entre otros.
De esta manera, autoridades que violentan a sus contrapesos apuntan a un gobierno poco plural que busca establecer “diálogo” mediante imponer su voz y voluntad deslegitimando a toda persona u organización que cuestione sus acciones.
Así, este 15 de septiembre, con el Grito de Independencia, también se puede agregar: ¡Viva un país que mata a sus periodistas!, ¡Viva la limitada libertad de expresión!