En las elecciones intermedias de 2021 la oposición hizo formal el pacto que existió por décadas en la política nacional: el PRIAN –alianza facciosa entre el Partido Revolucionario Institucional y el de Acción Nacional, PRI y PAN, respectivamente–. Lo anterior sucedió en gran medida como una acción para reaccionar ante la posición mayoritaria que obtuvo en 2018 el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados.
Es decir, que los tres partidos que de 1988 a 2012 protagonizaron los aconteceres públicos de la nación, en 2021 se aliaron para enfrentar la fuerza y el respaldo popular del presidente Andrés Manuel López Obrador y su brazo electoral, Morena, de ahí que, atinadamente, nos refiramos a los aliancistas de Va por México como “los partidos del viejo régimen”.
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Pues bien, estas fuerzas del viejo régimen, además de generar contubernios electorales, se enquistaron en las altas burocracias de los organismos constitucionales autónomos, instituciones que fueron creadas para “supuestamente” debilitar el poder presidencial, pero que en los hechos, se tradujeron en crear un sistema dividido, parcial, costoso e ineficiente.
Estas actitudes anti republicanas han buscado obstaculizar el cambio que se impulsa desde la Presidencia de la República, y de esa manera, se ha producido una injerencia insólita y reiterada de diferentes instituciones en contra de la soberana función de legislar del Congreso de la Unión. A continuación, lo enunció en tres tiempos:
El plan A. El presidente López Obrador envió en enero de 2022 una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Constitución para plantear un nuevo y renovado esquema para garantizar certeza, imparcialidad y objetividad del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero lo más importante, para vincular las decisiones jurisdiccionales a la ciudadanía, ya que se buscó que los ministros fueran electos por voto popular; dicha iniciativa no alcanzó la votación necesaria para prosperar, pues la oposición se ausentó de la discusión y la cerrazón prevaleció.
El plan B. El Presidente de México envió en noviembre de 2022 un paquete de iniciativas en materia electoral para que fueran discutidas por los legisladores federales de la Cámara de Diputados, cuerpo colegiado del que soy parte; estas modificaciones fueron aprobadas por nuestra mayoría constitucional, sin embargo, la Corte de manera injerencista, inconstitucional y facciosa intervino como legislador negativo, pues dejó sin validez las modificaciones legales hechas previamente por nuestro cuerpo colegiado.
¿El plan C? En marcha se encuentra una tercera vía, ya no para sacar avante una reforma de nuestro sistema político electoral, sino para defender los avances de la Cuarta Transformación y acabar con los vicios del viejo régimen que aún permean en los diferentes órdenes del Gobierno de la República.
En 2024 ganaremos la Presidencia de la República, por lo menos seis de las nueve gubernaturas en disputa, y tenemos que lograr la mayoría calificada para en septiembre de 2024, con un Congreso de la Unión renovado, blindar los avances constitucionales de la Cuarta Transformación.
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